La "madre" de la corrupción

ES DOCTRINA común, paladinamente admitida incluso por los responsables políticos, que la financiación de los partidos se ha convertido en "la madre de todas las corrupciones" que afligen al sistema democrático. Pero del reconocimiento teórico de un mal a la adopción de medidas capaces de erradicarlo va un buen trecho. El de la elaboración de una nueva ley de partidos que aborde, entre otras cosas, un modelo de financiación distinto del vigente no sólo no se reduce, sino que se amplía: Felipe González incluyó esa medida en su prometedor y, de momento, inédito paquete sobre el...

ES DOCTRINA común, paladinamente admitida incluso por los responsables políticos, que la financiación de los partidos se ha convertido en "la madre de todas las corrupciones" que afligen al sistema democrático. Pero del reconocimiento teórico de un mal a la adopción de medidas capaces de erradicarlo va un buen trecho. El de la elaboración de una nueva ley de partidos que aborde, entre otras cosas, un modelo de financiación distinto del vigente no sólo no se reduce, sino que se amplía: Felipe González incluyó esa medida en su prometedor y, de momento, inédito paquete sobre el impulso democrático anunciado en las elecciones del 6 de junio pasado, pero después nadie ha oído hablar de ella. Ni el PSOE ha mostrado interés en debatir la cuestión ni el resto de los partidos ha urgido al PSOE a que cumpla lo que prometió.La cuestión, sin embargo, puede ser reactivada en la comisión que acordó crear el Parlamento en el último pleno sobre el estado de la nación para el estudio de la financiación de los partidos políticos y la investigación de los casos de corrupción relacionado! con la misma. Para el Gobierno y el PSOE -embarcados actualmente en una batalla anticorrupción en la que está en juego su credibilidad-, la creación de esa comisión y el esclarecimiento del caso Filesa -paralelamente al lento y complejo proceso judicial ya existente- es la prueba del 9 de la sinceridad de su empeño. Para el resto de los partidos -la mayoría de los cuales lleva a cuestas su propio caso de corrupción- también constituye un compromiso político y una obligación moral no poner reparo alguno a una clarificación en toda regla de sus fuentes de financiación. Esa comisión no sólo debe establecer y diferenciar responsabilidades políticas e indiciariamente delictivas, si las hubiere, sino articular las bases de un nuevo modelo de financiación que ponga remedio a las deficiencias del actual.

El impacto que han producido en la opinión pública escándalos como el de Filesa o Naseiro ha obligado a los partidos políticos a hacer algún gesto de austeridad en sus gastos y a avanzar propuestas de reforma del sistema de financiación. Meros gestos son la reducción del periodo oficial de las campañas electorales y la imposición de topes en los gastos si luego los partidos burlan esas limitaciones con campanas particulares que se adelantan semanas o meses a la oficial. Lo cual demuestra que, si bien son necesarias reformas legales, lo que se echa en falta, sobre todo, son pautas de comportamiento basadas en la transparencia y en la responsabilidad. Que esas pautas brillan por su ausencia lo pone de manifiesto nuevamente el desaforado uso que los partidos hacen del mailing -envío por correo de propaganda electoral- desde que su financiación corre a cargo del erario público.

Ha sido precisamente la insaciabilidad de los partidos -la propensión al gasto por la facilidad en los ingresos- el factor que más ha contribuido a desacreditar en estos años el modelo de financiación pública de sus actividades. Que los fondos públicos han sido concebidos como un pozo sin fondo y han propiciado una dinámica de crecimiento ilimitado del gasto lo demuestra la cuantía de los destinados a su financiación: 15.000 millones de pesetas en 1994 y unos 100.000 millones en el periodo democrático. Pero la generosa contribución del ciudadano al sostenimiento de los partidos no ha impedido que todos sigan endeudándose fácil y cuantiosamente con bancos y entidades financieras (unos 30.000 millones de pesetas en la actualidad) y que algunos monten su particulares redes de financiación irregular e incluso delictiva.

Salta a la vista el carácter profundamente inmoral de esta situación y el riesgo potencialmente subversivo que representa para el sistema democrático si los partidos políticos no se deciden a corregirla cuanto antes. Lo menos que se les puede pedir, si persisten en exigir la ayuda financiera del contribuyente, es una gestión transparente de esa ayuda, un serio compromiso de reducir gastos y de evitar despilfarros, y, obviamente, su rechazo firme a cualquier tentación de convertirse ellos mismos en focos de corrupción y de envilecimiento de la vida pública mediante la extorsión económica y la comisión ilegal.