Rubalcaba afirma que el Gobierno no tenía por que saber el paradero de Roldán antes de la orden judicial

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que "las fuerzas de seguridad del Estado cumplirán su misión y pondrán a disposición de la juez al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán", aunque no indicó cuándo. El ministro respondió así, de forma reiterada, a las preguntas de los periodistas sobre el paradero de Roldán. Pérez Rubalcaba eludió precisar si el Gobierno sabe dónde se oculta y afirmó que hasta que no se dictó la orden judicial de detención, el Ejecutivo no tenía la obligación de conocer dónde estaba.

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El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que "las fuerzas de seguridad del Estado cumplirán su misión y pondrán a disposición de la juez al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán", aunque no indicó cuándo. El ministro respondió así, de forma reiterada, a las preguntas de los periodistas sobre el paradero de Roldán. Pérez Rubalcaba eludió precisar si el Gobierno sabe dónde se oculta y afirmó que hasta que no se dictó la orden judicial de detención, el Ejecutivo no tenía la obligación de conocer dónde estaba.

Izquierda Unida lanzó ayer la hipótesis de que Luis Roldán está ganando tiempo mientras presiona al Gobierno con información comprometedora.Pérez Rubalcaba informó que ayer por la mañana la Agencia Tributaria había enviado al juzgado las declaraciones de renta y patrimonio de 1988 del ex director de la Guardia Civil, en las que se han encontrado "indicios de delito fiscal".

El ministro afirmó que la Agencia Tributaría está trabajando "a buen ritmo" también en la investigación del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio. No obstante, no se comprometió a fijar un plazo para que los inspectores envíen los datos a la fiscalía. En todo caso, indicó, será en un periodo muy breve.

Todos los partidos políticos manifestaron ayer su satisfacción por la orden de detención contra Roldán, aunque con matices muy distintos. Mientras el Partido Popular insistió en responsabilizar al presidente del Gobierno, Felipe González, y en pedirle que abandone La Moncloa, el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero dio a entender que el ex jefe de la Guardia Civil puede estar presionando al Gobierno con información comprometedora.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Javier Barrero, declaró que la orden de detención es "lógica y correcta". Barrero, que pertenece a la: comisión Roldán, agregó que la juez "ha obrado conforme a Derecho" al estimar que la no comparecencia ante el juzgado de Roldán carece de justificación.

Para el diputado del Partido Popular Luis Ramallo, la decisión de la juez confirma el acierto de su partido al solicitar la creación de la comisión Roldán. "Si no se hubiera planteado [crear la comisión], a lo mejor Roldán estaría en cargos importantes de la Administración", señaló. En declaraciones a la cadena SER, Ramallo afirmó que Roldán lleva algún tiempo en Suiza".

El mismo diputado interpretó que la evolución judicial del asunto refuerza la petición por parte de los populares de responsabilidades políticas. "Pensar que Roldán ha estado solo, que en un Gobierno serio no se han enterado de lo que estaba ocurriendo, no se lo cree nadie", dijo. Ramallo insistió en que existe una responsabilidad política y pidió que González abandone La Moncloa y deje la presidencia del Gobierno a otro socialista.

El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero declaró que la orden de detención debería ejecutarse "en minutos, en horas", puesto que Roldán tiene escolta policial. Aunque hubiera renunciado a ella, agregó, Interior debe mantener un seguimiento sobre alguien que ha desempeñado un cargo relevante en la seguridad del Estado.

Antonio Romero calificó de extraño" el hecho de que la esposa de Roldán, licenciada en medicina, no hubiera podido aportar al juzgado un certificado de la supuesta enfermedad que sufre su marido y adelantó como hipótesis de que el ex director de la Guardia Civil intenta ganar tiempo para presionar al Gobierno y conseguir una salida a su situación haciendo uso de la información comprometedora que posee por su anterior cargo.