Aspirinas para combatir un cáncer

Aznar pide la dimisión del gobernador del Banco de España por el escándalo Ibercorp. González sostiene, a modo de réplica, que en España "no hay un problema de corrupción generalizada, sino de opinión pública". No es una simulación del debate de hoy sobre el estado de la nación. Es la transcripción del debate de 1.992.Aquel 24 de marzo, Felipe González pronunció una frase que, en el mejor de los casos, trataba de imponer rigor y respeto a la presunción de inocencia, pero que los hechos han convertido en una declaración hueca e incluso tragicómica: "El único criterio objetivo para medir ...

Aznar pide la dimisión del gobernador del Banco de España por el escándalo Ibercorp. González sostiene, a modo de réplica, que en España "no hay un problema de corrupción generalizada, sino de opinión pública". No es una simulación del debate de hoy sobre el estado de la nación. Es la transcripción del debate de 1.992.Aquel 24 de marzo, Felipe González pronunció una frase que, en el mejor de los casos, trataba de imponer rigor y respeto a la presunción de inocencia, pero que los hechos han convertido en una declaración hueca e incluso tragicómica: "El único criterio objetivo para medir el grado de corrupción en un Estado de derecho es el número de sentencias condenatorias de responsables políticos por motivos de corrupción".

Sólo dos años después, la gravedad de los datos sobre las corruptelas de un ex director de la Guardia Civil y la burla a Hacienda de un ex gobernador del Banco de España muestran agriamente las consecuencias de aplicar aspirinas a los síntomas de cáncer. Porque en aquel debate sobre el estado de la nación el Grupo Socialista no aprobó ni una sola resolución de lucha contra la corrupción.

"Descubrir y corregir"

González defendió vehementemente que "la democracia española tiene mecanismos para descubrir y corregir cualquier comportamiento irregular que pudiera producirse". Lo ocurrido desde entonces ha desmentido el 50% de esa afirmación. Ni el enriquecimiento de Luis Roldán -y la adjudicación permanente de obras a amigos y conocidos suyos- ha sido perseguida por las autoridades ni las operaciones en Bolsa de Mariano Rubio han quedado al descubierto por investigaciones de Hacienda.

Y en cuanto a la sanción de las corruptelas, muchos ciudadanos, e incluso muchos socialistas, mantienen su reprobación al uso que hizo de un despacho oficial Juan Guerra, por mucho que los jueces no hayan encontrado hasta ahora en sus negocios un delito para enviarle a la cárcel.

Felipe González, en el último debate sobre el estado de la nación, llegó a asegurar que "España no tiene un problema de corrupción superior al que puedan tener otros países de nuestro entorno. Sí tiene un problema de opinión pública, a causa de la decisión de algunos de convertir este tema en arma arrojadiza y en instrumento de propaganda".

Aun así, en aquella ocasión llegó a proponer el presidente del Gobierno tres iniciativas. Abogó por que no pudieran volver a contratar con las Administraciones públicas las empresas que hubieran intervenido en "un acto irregular judicialmente probado". Pidió un endurecimiento de las sanciones por irregularidades en la adjudicación de contratos de la Administración. Y apeló a una reducción de los gastos electorales. Todo lo cual, visto desde la perspectiva de dos años después, parece aspirinas para combatir un cáncer.