La fiscalía investiga el posible desvío, de avales públicos en Tibigardens
La fiscalía de Cataluña ha iniciado investigaciones para averiguar si Javier de la Rosa desvió créditos avalados por la Generalitat desde Tibigardens, empresa que construye el parque de atracciones de Tibigardens, hacia sus propios negocios.
Las diligencias no van dirigidas contra ninguna persona en particular, aunque el fiscal jefe, Jiménez Villarejo se refirió a Javier de la Rosa, presidente de Gran Tibidabo -sociedad que posee el 70% de Tibigardens
Una de las informaciones que ha servido de partida para la apertura de las diligencias es la referente al desvío de 1.000 mill...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La fiscalía de Cataluña ha iniciado investigaciones para averiguar si Javier de la Rosa desvió créditos avalados por la Generalitat desde Tibigardens, empresa que construye el parque de atracciones de Tibigardens, hacia sus propios negocios.
Las diligencias no van dirigidas contra ninguna persona en particular, aunque el fiscal jefe, Jiménez Villarejo se refirió a Javier de la Rosa, presidente de Gran Tibidabo -sociedad que posee el 70% de Tibigardens
Una de las informaciones que ha servido de partida para la apertura de las diligencias es la referente al desvío de 1.000 millones de pesetas de Tibigardens hacia otros negocios del financiero [ver EL PAÍS del 25 de marzo].
La Fiscalía ha pedido, en un escrito al Departamento de Economía de la Generalitat, información sobre el desarrollo de la autorización que otorgó el Parlamento catalán para avalar los 10.000 millones.
En relación con ello, el Departamento de Economía de la Generalitat emitió ayer un comunicado en el que afirma que "las verificaciones efectuadas permiten confirmar con toda claridad que el destino de los 10.000 millones de pesetas de los créditos avalados por la Generalitat ha sido únicamente el de inversiones en el parque temático del centro recreativo de Vilaseca y Salou". El comunicado también señala que "la Generalitat, *a través de la Intervención General,' fiscaliza todos los pagos de la compañía, así como las obligaciones que ésta ha de asumir, con la colaboración de la empresa Arthur Andersen".
Fuentes de Caixa Tarragona, donde Tibigardens tiene sus cuentas, afirman que los 1.000 millones desviados no proceden del crédito que la caja concedió a la sociedad, lo que plantea el interrogante sobre su procedencia.