Seguros Albia recurre para no pagar los 8,8 millones del 'caso Atocha'

El 'caso Atocha' tiene un agujero por el que se escapan 88 millones de pesetas. El Gobierno regional adelantó esa cantidad a Construcciones Atocha para comprar materiales que nunca aparecieron. La empresa que avaló estos materiales, Seguros Albia, no quiere abonar los 88 millones perdidos y ha presentado tres recursos ante la Consejería de Hacienda. Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden resucitar el caso en la Asamblea regional.

Los 88 millones de pesetas que el Gobierno regional adelantó a Construcciones Atocha -todos en diciembre de 1990 aunque distribuidos en tres obras dist...

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El 'caso Atocha' tiene un agujero por el que se escapan 88 millones de pesetas. El Gobierno regional adelantó esa cantidad a Construcciones Atocha para comprar materiales que nunca aparecieron. La empresa que avaló estos materiales, Seguros Albia, no quiere abonar los 88 millones perdidos y ha presentado tres recursos ante la Consejería de Hacienda. Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden resucitar el caso en la Asamblea regional.

Los 88 millones de pesetas que el Gobierno regional adelantó a Construcciones Atocha -todos en diciembre de 1990 aunque distribuidos en tres obras distintas- para una adquisición de materiales que se demostró falsa siguen sin retornar a las arcas regionales. Los dirigentes autonómicos están convencidos de recuperarlos: "Hay un aval que hemos ejecutado", indica un alto cargo de la Consejería de Hacienda. Pero Seguros Albia, empresa que avaló esos materiales inexistentes, se niega a pagar y lleva más de un año pleiteando con la Comunidad. En los próximos días, la Junta Superior de Hacienda contestará a los recursos presentados por Albia.El juzgado de instrucción número 1 de Madrid iniciará el próximo viernes las diligencias de un caso que destapó hace 16 meses el PP. Las, investigaciones de la Fiscalía han revelado una serie de irregularidades que los grupos de la oposición en la Asamblea -IU y PP- pretenden debatir nuevamente. Los populares exigieron ayer al ejecutivo regional que se persone en el caso para defender los intereses de los madrileños. El portavoz del PP, Antonio Beteta, volvió a acusar a Telemadrid -la televisión autonómica- de manipulación por no ofrecer información sobre este caso.

El diputado de IU, Adolfo Gilaberte, indicó que su grupo pedirá la comparecencia del Gobierno para que explique la situación de algunos funcionarios de la Consejería de Cooperación, cuyo titular es Virgilio Cano, que siguen en su puesto pese a estar implicados en actuaciones presuntamente irregulares relacionadas con el caso.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Jaime Lissavetzky, se consideró "satisfecho" por las conclusiones del fiscal que niegan que hubiera trato de favor hacia Construcciones Atocha. Lissavetzky también indicó que no habría lesión patrimonial para las arcas autonómicas.

El portavoz regional admitió que, en todo caso, la fiscalía confirma, como se hizo también en las conclusiones de aquella investigación, que pudieron haberse producido algunas irregularidades en la gestión de algunas obras. Para finalizar destacó que de las 13 obras analizadas por el fiscal -nueve archivadas- 12 están terminadas e inauguradas y sólo el centro de Salud de Villarejo de Salvanés está en construcción.

Los tres técnicos imputados siguen como funcionarios

Los tres funcionarios imputados por el fiscal por delitos de falsedad o estafa siguen en ejercicio.Ramón Valls Nasvacués, arquitecto, funcionario, desde hace 25 años, era director general de la Oficina de Proyectos y Obras de la Comunidad en la época (año 1990-91) en que se contrataron muchas obras con la empresa Construcciones Atocha. Entre sus funciones figuraba dar el visto bueno final a las certificaciones de los proyectos. En la actualidad permanece en el puesto con el máximo nivel (30) pero ya no es director general.Vicente Martínez Castelló, de 49 años, ingeniero de caminos, continúa en la Consejería de Cooperación dos años después de haber sido sustituido como jefe de proyectos y obras. Ya no tiene despacho pero elabora, como asesor, informes mientras se dilucida su caso. El expediente informativo que se le abrió está suspendido. Su consejero, Virgilio Cano, lo define como "un funcionario sin función". Ante la comisión de investigación de la Asamblea admitió que permitió que Construcciones Atocha le rehabilitase su casa tras recomendar a esta empresa en un expediente que él tramitó.José Alberto Bello, aparejador, permanece en Cooperación en funciones sin relevancia.

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