Urge la verdad

LAS ACUSACIONES contra el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio publicadas ayer por el diario El Mundo sólo pueden ser verdaderas o falsas: o es cierto que tenía una cuenta de dinero cuya existencia fue ocultada a Hacienda, en cuyo caso nos encontramos ante un fraude considerable del que habría de entender la justicia, y que en todo caso sería merecedor de la más severa repulsa ciudadana al margen de su eventual prescripción, o es una acusación falsa, en cuyo caso el gobernador tendría que querellarse de inmediato contra sus calumniadores. Así están las cosas, siendo difícil i...

LAS ACUSACIONES contra el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio publicadas ayer por el diario El Mundo sólo pueden ser verdaderas o falsas: o es cierto que tenía una cuenta de dinero cuya existencia fue ocultada a Hacienda, en cuyo caso nos encontramos ante un fraude considerable del que habría de entender la justicia, y que en todo caso sería merecedor de la más severa repulsa ciudadana al margen de su eventual prescripción, o es una acusación falsa, en cuyo caso el gobernador tendría que querellarse de inmediato contra sus calumniadores. Así están las cosas, siendo difícil imaginar un tertium quid entre ambas hipótesis.En ese sentido, son relativamente irrelevantes los detalles sobre los mecanismos concretos de funcionamiento de la cuenta en cuestión. Lo relevante es si hubo ocultación a Hacienda o no, y si Mariano Rubio y el Banco de España mintieron cuando, a raíz del estallido del escándalo Ibercorp, declararon que la cartera de valores del ex gobernador no superaba una cantidad equivalente a unos doce millones de pesetas.

Mariano Rubio negó ayer de manera rotunda la veracidad de las informaciones publicadas, y, expresamente, tener o haber tenido cuenta alguna con dinero negro. El Mundo ofrece documentos que, de no ser falsificaciones, probarían que Mariano Rubio era titular, en los años 1986 y 1987, de una cuenta cuyo saldo va aumentando como resultado de sucesivas operaciones bursátiles. Esa cuenta llegó a alcanzar un saldo de 131 millones de pesetas. Que se trate o no de dinero negro dependerá de si tales ingresos fueron o no declarados a Hacienda en las correspondientes declaraciones de renta y patrimonio. Para probar que es falsa la acusación bastaría, entonces, presentar las declaraciones de esos años. El hecho de que los supuestos delitos puedan haber prescrito, dado el tiempo transcurrido, no sería en este caso argumento suficiente para negarse a presentar tales documentos. Lo que aquí está en juego no es únicamente la relación bilateral entre un ciudadano particular y la Administración tributaría. Si hubo fraude, nunca habría sido tan cierto el mensaje publicitario de que los defraudados habrían sido todos los ciudadanos honrados y no sólo la Administración.

El gobernador del banco central es una autoridad sobre la que la ciudadanía deposita una enorme confianza. Por eso mismo, alguien que puede decidir el precio del dinero y tomar resoluciones que afectan decisivamente al conjunto del sistema de pagos de un país no puede ofrecer flancos que pongan en duda su neutralidad o su honestidad: no puede convertirse en objeto de sospecha, y por ello mismo es lógico extremar la prudencia ante acusaciones tan graves. Pero si se demostrase que quien fue gobernador del Banco de España durante ocho años defraudó a Hacienda y, por otra parte, mintió al Parlamento, se habría abierto la puerta a la sospecha sobre el conjunto de su gestión, en el transcurso de la cual hubo de tomar decisiones muy delicadas. De ahí la gravedad de este asunto.

Ciertamente, después de que el anterior director general de la Guardia Civil esté siendo investigado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, sólo nos faltaba que quien fue la máxima autoridad monetaria resultase un defraudador fiscal para disolver la distancia que todavía ayer parecía separarnos de Italia. El ejemplo de ese país demuestra que a partir de un grado determinado de instalación de la corrupción, nada resulta tan irresponsable como mirar para otro lado so pretexto de actitud responsable, de evitar la quiebra del sistema. Naturalmente que pueden existir móviles ocultos en quienes filtran, denuncian, amplifican escándalos como el de Filesa, Roldán o las cuentas de Mariano Rubio; y hasta es posible que sea todo menos casual que la difusión del último de la lista coincida con el inicio de una campaña contra el fraude fiscal. Pero son esas denuncias, al margen de sus móviles, lo único que puede permitir a la sociedad reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La verdad es lo único que urge en este caso. Por dolorosa que sea.