Un juzgado militar abre diligencias contra 30 reclutas por "altercados y desorden" en un cuartel

El Juzgado Togado Militar número 12 ha abierto diligencias previas por "la situación de altercados y desorden plotagonizados" por 30 reclutas, ya licenciados, que cumplieron el servicio militar el pasado año en el Regímiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa número 14, con base en Madrid, según denunció ayer la Oficina del Defensor del Soldado (ODS). El juez, que está citandoa declarar a los soldados en calidad de "inculpados", considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito, aun por determinar, de los previstos en el Código Penal Militar.

Francisco Castañón, di...

El Juzgado Togado Militar número 12 ha abierto diligencias previas por "la situación de altercados y desorden plotagonizados" por 30 reclutas, ya licenciados, que cumplieron el servicio militar el pasado año en el Regímiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa número 14, con base en Madrid, según denunció ayer la Oficina del Defensor del Soldado (ODS). El juez, que está citandoa declarar a los soldados en calidad de "inculpados", considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito, aun por determinar, de los previstos en el Código Penal Militar.

Francisco Castañón, director de la ODS, pidió ayer el archivo de las diligencias, como se ha hecho en el caso de los 18 boinas verdes que se fugaron de un cuartel en Palma de Mallorca, y expresó su temor a que los 30 soldados de Madrid sean acusados de sedición, delito castigado con entre 1 y 15 años de cárcel, o desobediencia, con penas de tres meses a dos años de prisión.Los hechos se remontan al pasado 11 de noviembre, un día antes de que los soldados acabaran la mili Según explicaron ayer dos de los inculpados, Pedro González Almeida y Rafael Guillén Díaz, los jóvenes habían estado celebrando en la cantina del cuartel su inminente licenciamiento y varios de ellos llevaban alcohol de más cuando fueron llamados a formación.

El sargento Antonio Navas de Pedro ordenó al soldado Iván Mencia Sánchez, con síntomas visibles de estar bebido, que se retirase al dormitorio. Sin embargo, el alférez Luis Marco Rubio Expósito, con el que se encontró por el camino, le mandó volver a la formación.

"Sacó una pistola"

El abogado de la ODS Ignacio Perelló, que defiende a dos de los soldados, aseguré que, según consta en las diligencias y ha reconocido el propio alférez, éste 11 abofeteó al soldado, sacó una pistola e hizo amago de disparar [al aire] pero no pudo hacerlo porque el arma se encasquilló".

Como consecuencia de la agresión, el soldado resultó con "traumatismo en el oído izquierdo", según el parte realizado por el botiquín de la unidad.

El abogado explicó que el "desorden" al que se refiere el auto judicial consistió en los gritos que, según las diligencias, profirieron varios miembros no identificados de la formación, mientras el recluta era abofeteado por el oficial: "No hay derecho"; "No lo podemos tolerar" o "Vamos todos a prevención" [para dar parte del alférez].

Finalmente, el oficial ordenó a los soldados que rompieran filas pero, al día siguiente, cuando se disponían a dejar el cuartel, 30 de ellos fueron arrestados por "desobediencia colectiva". Aunque la sanción fue de dos semanas, sólo cumplieron diez días.

El incidente parecía olvidado cuando, a partir del 19 de noviembre, fecha de la apertura de las diligencias judiciales, los soldados empezaron a recibir la citación para presentarse ante el juzgado militar número 12, al que correspondieron los partes que sobre el incidente elevaron tanto el alférez como el sargento. "Dicen que nos quieren acusar de sedición y yo no he hecho nada", manifestó ayer Rafael Guillén, uno de los inculpados.

Carlos García, de la ODS, aseguró que este incidente "echa por tierra la afirmación del Ministerio de Defensa de que los malos tratos son excepcionales en las Fuerzas Armadas. Desgracidamente, no se trata de casos aislados, sino de moneda corriente en los cuarteles".

García contrastó la rapidez con que se han archivado las diligencias abiertas tras la fuga de los 18 boinas verdes con los tres meses que dura ya la investigación judicial por el incidente del regimiento Villaviciosa. En su opinión, sólo la trascendencia pública del caso y la "mala conciencia" del Ministerio de Defensa explican la decisión de no actuar judicialmente contra los soldados fugados en Mallorca.

De su lado, Francisco Castañón pidió la supresión de la jurisdicción militar, ya que "su existencia impide que la justicia real llegue a los cuarteles".

Los responsables de la ODS aseguraron que en 1993 recibieron un centenar de denuncias de jóvenes que realizaban el servicio militar. Los autores de estas denuncias, según dijeron, fueron en muchos casos soldados que habían desertado al no poder soportar más tiempo las humillaciones o malos tratos. En su opinión, el hecho de que estuvieran incursos en un proceso por deserción dificultó la denuncia de estos malos tratos.

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, propuso ayer una combinación de ejército profesional y servicio social, no sustitutorio del militar, para atajar el espectacular aumento del número de objetores de conciencia, que está derivando en la insumisión, informa Servimedia.

Anasagasti dijo que la existencia de un servicio social se justifica porque la juventud "se tiene que dar cuenta de que debe brindar a la propia sociedad, que le da tanto, unos mínimos".

El PNV, dijo, es consciente del gasto que suponen unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales, pero matizó que no se trataría del mismo modelo que ahora. "Hay que inscribirlas dentro de los compromisos europeos. Que los estados mantengan ejércitos por mantenerlos, no tiene sentido", agregó.