Di Pietro no dispone del nombre de ningún político español involucrado en las comisiones de Elosúa

ENVIADO ESPECIAL"No tenemos el nombre de ningún político español que haya cobrado comisiones ilegales" de empresas italianas, ha afirmado Antonio di Pietro, el juez instructor milanés encargado de dirigir la operación Manos limpias, que investiga la corrupción política en Italia. A preguntas de EL PAIS, Di Pietro señaló que las dos operaciones sobre las que existen indicios de pagos ilegales en España son la compra de la aceitera Elosúa, por el grupo Ferruzzi, y de los laboratorios Antibióticos por la multinacional Montedison. En un mes, el fiscal general del Estado español, Eligio Hernández, ...

ENVIADO ESPECIAL"No tenemos el nombre de ningún político español que haya cobrado comisiones ilegales" de empresas italianas, ha afirmado Antonio di Pietro, el juez instructor milanés encargado de dirigir la operación Manos limpias, que investiga la corrupción política en Italia. A preguntas de EL PAIS, Di Pietro señaló que las dos operaciones sobre las que existen indicios de pagos ilegales en España son la compra de la aceitera Elosúa, por el grupo Ferruzzi, y de los laboratorios Antibióticos por la multinacional Montedison. En un mes, el fiscal general del Estado español, Eligio Hernández, tendrá en su mesa una petición de información adicional sobre estas operaciones mercantiles y las personas que participaron en ellas.

A pesar de carecer de nombres de presuntos implicados, los fiscales milaneses están convencidos de la existencia de irregularidades cometidas por las empresas italianas en España. Hasta el presente, el único testimonio en ese sentido que ha trascendido públicamente es el de Giuseppe Berlini, financiero afincado en Lausana (Suiza) y que fue el encargado de realizar los pagos ¡legales en el extranjero por orden de Raúl Gardini, anterior presidente de Ferruzzi, que se suicidó el pasado verano. Pero Berlini no facilitó ningún nombre en sus declaraciones.Fuentes próximas a los fiscales de Milán declararon en ese momento que no se pidió más información a Berlini, ni a ninguno de los otros testigos que afirmaron conocer el pago de comisiones en España, porque su interés estaba situado en "la operativa central de Ferruzzi, que afecta principalmente a la corrupción en Italia".

Di Pietro, al igual que el jefe de la fiscalía milanesa, Saverio Borrelli, rehusó conceder una entrevista a este diario, aunque sí aceptó responder a algunas preguntas sobre las conexiones españolas de tangentópolis, término con el que se identifica en Italia el corrupto sistema de financiación de los partidos políticos y de la contratación de las obras públicas.

Durante toda la jornada del lunes pasado, el juez milanés interrogó a ocho diputados y senadores que forman parte de la lista de más de 1.300 políticos italianos sometidos a investigación. Di Pietro dirige, como acusador público, las sesiones del juicio que ya se ha iniciado en Milán. Por la noche, y pocos minutos después de haber interrogado e incluido en la investigación al líder de la Liga Norte, Humberto Bossi, Di Pietro explicó en los lúgubres pasillos del laberíntico palacio de Justicia de Milán la situación del "caso español".

Otros casos

"Durante estos días estoy preparando la rogatoria para el fiscal general español". Esta iniciativa jurídica deberá permitir a los fiscales de Milán ampliar la información sobre las operaciones de Ferruzzi y Montedison en España. Di Pietro señaló que, es posible que existan otros casos además de los de Antibióticos y Elosúa, pero "sin la información de España no podemos saber más". En cualquier caso, manifestó una cierta contrariedad con la fiscalía española, que preside Eligio Hernández: "Esperaba que se hubiera puesto en contacto con nosotros para pedir información".Una vez Di Pietro redacte la rogatoria, ésta deberá ser remitida al Ministerio de Justicia italiano, quien a su vez la pondrá en manos del Ministerio de Exteriores. Desde este último organismo, el dossier llegará a manos de las autoridades españolas. Parece claro que Di Pietro se circunscribe al pie de la letra a lo que establecen los acuerdos internacionales sobre la materia y no se plantea ninguna iniciativa al margen, como la comparecencia en el Parlamento español que pretende Izquierda Unida.