En defensa del Cesid
Narcís Serra hizo ayer una defensa del Cesid (servicio secreto) y acusó de temeridad e irresponsabilidad política al secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, por exigir responsabilidades al Gobierno en relación con la red de escuchas ilegales de Barcelona, de la que formaban parte al menos dos ex miembros del Cesid.Álvarez Cascos, en una pregunta al vicepresidente, presentó como sostén de su acusación que, después de haber afirmado el ministro de Defensa, Julián García Vargas, que el Cesid no había recibido información de las escuchas ilegales, Diario 16 publicó que el Cesid...
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Narcís Serra hizo ayer una defensa del Cesid (servicio secreto) y acusó de temeridad e irresponsabilidad política al secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, por exigir responsabilidades al Gobierno en relación con la red de escuchas ilegales de Barcelona, de la que formaban parte al menos dos ex miembros del Cesid.Álvarez Cascos, en una pregunta al vicepresidente, presentó como sostén de su acusación que, después de haber afirmado el ministro de Defensa, Julián García Vargas, que el Cesid no había recibido información de las escuchas ilegales, Diario 16 publicó que el Cesid había recibido información semanal de las escuchas. Asimismo, apeló a que la revista Tribuna de Actualidad ha afirmado que Serra recomendó al presidente de La Vanguardia, Javier Godó, que contratara a un ex miembro del Cesid.
Serra aseguró que le dolía las sombras de duda arrojadas sobre un servicio de información "que tantos servicios ha prestado a este país, y en la lucha contra el terrorismo".
"El Gobierno", insistió Serra, "no ha tenido ninguna responsabilidad en ese asunto". Serra reprochó a Álvarez Cascos la ausencia de pruebas para sostener sus acusaciones y le dijo que, si no tenía ningún dato más que los publicados por la prensa, su actitud no era sólo de temeridad sino de irresponsabilidad.
Después de la respuesta de Serra, Álvarez Cascos presentó una interpelación al Gobierno sobre el mismo asunto en la que acusó al Ejecutivo de negligencia y de no evitar la alarma social.
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