El PP involucra a Serra y al Cesid en las escuchas ilegales de Barcelona

El Partido Popular responsabiliza al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, de todas las implicaciones del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) y, en general, de los servicios de información del Estado en la red de escuchas ilegales desmantelada por la policía en Barcelona. "No aceptamos más sacrificio de subalternos" anunció ayer el vicesecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos. "Buscaremos a los responsables aunque se embosquen en La Moncloa". Álvarez Cascos presentará hoy en el Congreso de los Diputados una pregunta urgente al Ejecutivo sobre la relación del Ce...

El Partido Popular responsabiliza al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, de todas las implicaciones del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) y, en general, de los servicios de información del Estado en la red de escuchas ilegales desmantelada por la policía en Barcelona. "No aceptamos más sacrificio de subalternos" anunció ayer el vicesecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos. "Buscaremos a los responsables aunque se embosquen en La Moncloa". Álvarez Cascos presentará hoy en el Congreso de los Diputados una pregunta urgente al Ejecutivo sobre la relación del Cesid con la red de espionaje ilegal y defenderá mañana una interpelación sobre la misma cuestión.

Los populares responsabilizan al Gobierno de la "proliferación evidente" de escuchas telefónicas ilegales, por haber permitido "un clima de impunidad Y, Permisividad", en palabras de Alvarez Cascos. El Ejecutivo de Felipe González "ha incurrido en negligencia culpable" por falta de "voluntad política para combatir el fenómeno".El PP recuerda que fue una iniciativa de su grupo parlamentario, con apoyo de otras formaciones políticas, la que permitió en 1984 tipificar en España el delito de escuchas ilegales, hasta entonces inexistente en los códigos. En 1988, Álvarez Cascos, que todavía no había llegado a la secretaría general de su partido, presentó una interpelación al Gobierno en la que pedía mayor coordinación entre la policía y la compañía telefónica para perseguir con eficacia las escuchas ilegales, y una regulación legal de los servicios de información del Estado.

Los dirigentes del PP obtuvieron entonces una respuesta displicente del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que, por boca del diputado Carlos López Riaño, les acusó de construir una estrategia de crítica al Ejecutivo "en torno a simples sensaciones", añadió.

Desde entonces, las denuncias por presuntas escuchas ilegales a jueces, políticos o periodistas han proliferado, según los populares. Sólo a través de la red desmantelada por la policía en Barcelona han sido espiados, segun el recuento realizado por ÁIvarez Cascos de las informaciones publicadas, 11 empresarios, 10 periodistas, siete políticos y dos abogados.

Pregunta urgente

El PP pidió introducir en el orden del día del pleno del Congreso de hoy una pregunta urgente al Gobierno pasa saber si es cierto que el Cesid recibía periódicamente copias de las grabaciones realizadas ilegalmente por la red descubierta en Barcelona. La Mesa y la Junta de Portavoces del Gobierno aceptaron el cambio del orden del día, al que tampoco se opuso el Gobierno.La pregunta aparece dirigida al vicepresidente del Ejecutivo, a quien Álvarez Cascos responsabiliza de haber organizado los servicios secretos del Estado en los primeros años 80, tras la llegada al poder del PSOE.

El secretario del PP adelantó que considera improbable que Serra conteste la pregunta y anunció que no le reconoce como vicepresidente del Ejecutivo, puesto que elude todas sus responsabilidades, y que en adelante le denominará "viceprotegido del Gobierno". El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el lunes, en una cena-coloquio organizada en Madrid por el Club Fundes, que el Gobierno, ni su vicepresidente, Narcís Serra, tienen nada que ver con la red de espionaje.

La segunda iniciativa del PP sobre este tema es una interpelación al Gobierno sobre los propósitos del Ejecutivo para garantizar el secreto de las comunicaciones telefónicas.