Un deficiente mental fue utilizado como 'tapadera' para un fraude fiscal de 350 millones en Barcelona

Un deficiente mental de Barcelona fue utilizado como testaferro de una sociedad pantalla para defraudar a Hacienda 350 millones. Los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger Ruiz, abogado y agente de cambio y bolsa, respectivamente, están en prisión, acusados de fraude fiscal y por poner en peligro la vida del disminuido psíquico Juan F. al enviarlo solo a Venezuela para eludir la citación de Hacienda. Juan Manuel Rosillo, presidente en España de Kepro, la multinacional americana impulsora del centro comercial Diagonal Mar en Barcelona, declaró ayer en la policía por su relación con los hechos.
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Un deficiente mental de Barcelona fue utilizado como testaferro de una sociedad pantalla para defraudar a Hacienda 350 millones. Los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger Ruiz, abogado y agente de cambio y bolsa, respectivamente, están en prisión, acusados de fraude fiscal y por poner en peligro la vida del disminuido psíquico Juan F. al enviarlo solo a Venezuela para eludir la citación de Hacienda. Juan Manuel Rosillo, presidente en España de Kepro, la multinacional americana impulsora del centro comercial Diagonal Mar en Barcelona, declaró ayer en la policía por su relación con los hechos.

Rosillo fue interrogado ayer en el grupo de delitos económicos de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, aunque después quedó en libertad, según fuentes próximas al caso. La policía investiga a directivos de Kepro por si utilizaron a la empresa fantasma para sanear sus cuentas de resultados y generar dinero negro destinado a operaciones no declaradas o al propio lucro de sus directivos.Los hechos se remontan a 1990, cuando los dueños de dos fincas del Poblenou, junto a lo que más tarde sería la Villa Olímpica, negociaron con Kepro la venta de unos solares destinados a formar parte del complejo Diagonal Mar, la operación urbanística e inmobiliaria más importante de la Barcelona posolímpica. La escritura de compra-venta de las fincas se concretó en marzo de 1990, pero, sorprendentemente, la adquisición no la realizó Kepro, sino una sociedad denominada Profimar.

Profimar, sobre la que se comprobó que había actuado como pantalla -es decir, que no tiene actividad alguna y sirve para encubrir otras operaciones-, pagó 580 millones de pesetas con cheques correspondientes a cuentas corrientes de Kepro. El mismo día en que se cerró esta operación, Profimar vendió los terrenos a la multinacional por 1. 188 millones. El negocio fraudulento consistía, según explica la policía, en dos cosas: eludir Ios pagos a Hacienda por el beneficio de la operación y el IVA de la venta, porque Profimar desapareció tras formalizarse la transacción; y que la multinacional habría generado dinero negro.Edad mental: 12 años

Antes de concretarse esta transacción inmobiliaria, el abogado Ricardo Saenger había entrado en contacto con Juan, un hombre de 48 años aparentemente normal pero con una deficiencia psíquica que sitúa su edad mental en 12 años. Ricardo conocía a Juan de los paseos que éste daba por el Turó Park. Tras darle diversas cantidades de dinero, Juan fue conducido hasta el despacho del agente de cambio y bolsa y firmó, sin saberlo, la compra de las acciones de Profimar. La administradora de esta sociedad era la peruana Tula P. L., en paradero desconocido. Esta mujer pidió permiso de residencia para trabajar como traductora para una empresa de las dos personas acusadas. Tula fue quien, en nombre de Profimar, vendió los solares a Kepro.

En marzo de 1992, Hacienda envió una citación a Juan por no haber pagado al fisco los impuestos de la operación de la venta de los solares de Diagonal Mar. La víctima preguntó a su amigo Ricardo Saenger por el significado de la citación y éste le aconsejó que debía abandonar España precipitadamente porque Ias cosas se habían puesto mal". Debía estar fuera, dijo Saenger, durante seis o siete años hasta que el asunto se solucionara. Saenger acompañó a Juan a unos céntricos almacenes de Barcelona y le compró un elegante traje, un reloj de oro y una maleta llena de ropa nueva. Después le llevó al aeropuerto, donde le compró un billete para Caracas y fue con el hasta Madrid -desde Barcelona no hay vuelo directo a Venezuela- para asegurarse de que tomaba el avión. Ricardo dio a Juan una dirección de contacto en Caracas, que respondía a uno de los barrios más conflictivos, que resultó ser falsa.

Con 60.000 pesetas en el bolsillo y la esperanza de que sus amigos le enviarían dinero a una supuesta cuenta bancaria, Juan llegó a la capital venezolana. No tardó en ser atracado y estuvo mendigando durante unas tres semanas, pero logró sobrevivir en la jungla de chabolas de la capital venezolana. La policía sostiene que Juan tuvo suerte de no ser asesinado en el asalto, como suele ocurrir en un país con elevados índices de delincuencia. Un día descubrió un rótulo en el que se leyó la palabra España: era una oficina del Banco Exterior de España, y entró en busca de ayuda. Los empleados del banco le condujeron hasta la Embajada de España. Juan pido ser repatriado.

La comisaría de policía de Sant Gervasi (Barcelona) había recibido ya una denuncia por la desaparición de Juan, presentada por su madre, y que coincidía en el tiempo con la citación de Hacienda. El caso fue asumido por el grupo de Delitos Económicos de la Policía, que, gracias a la declaración de Juan y al seguimiento de talones, logró desenmascarar a los dos hermanos, verdaderos impulsores de Profimar, y averiguar la identidad real de los compradores de las fincas, que serán citados a declarar por su implicación en el caso.