La justicia de Uruguay rechaza la extradición de un supuesto etarra

La justicia uruguaya puso ayer en libertad al presunto etarra Juan José Urrutia Pía, que llevaba 18 meses detenido en Montevideo, una vez denegada su extradición a España por no estar tipificado en el tratado entre ambos países el delito del que se la acusa, informa Efe. De los cuatro supuestos miembros de la organización terrorista requeridos por España es el cuarto puesto en libertad en lo que va de año.Por otro lado, el Tribunal de Justicia belga no se pronunciará hasta el 8 de diciembre sobre la puesta en libertad o el mantenimiento de la prisión preventiva de Luis Moreno Ramago y Raquel G...

La justicia uruguaya puso ayer en libertad al presunto etarra Juan José Urrutia Pía, que llevaba 18 meses detenido en Montevideo, una vez denegada su extradición a España por no estar tipificado en el tratado entre ambos países el delito del que se la acusa, informa Efe. De los cuatro supuestos miembros de la organización terrorista requeridos por España es el cuarto puesto en libertad en lo que va de año.Por otro lado, el Tribunal de Justicia belga no se pronunciará hasta el 8 de diciembre sobre la puesta en libertad o el mantenimiento de la prisión preventiva de Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, los dos presuntos etarras detenidos el 13 de junio y reclamados por España, informa Walter Openheimer. Ayer se celebró en Bruselas la vista oral de este caso, en el que la admisión a trámite de la petición de asilo político por los dos detenidos puede provocar un conflicto diplomático entre España y Bélgica.

El juez no tenía ayer que decidir sobre el fondo de la cuestión -la supuesta persecución política de los detenidos- ya que ésta es competencia del comisario general para los Refugiados Políticos belga, Marc Bossuyt.

Lo que se trató ayer es la petición de libertad provisional presentada por el abogado de los dos presuntos etarras. El defensor argumentó ayer que se ha cumplido el plazo máximo de cinco meses de prisión preventiva sin causa abierta, por lo que reclamará una indemnización de 100.000 francos belgas diarios (unas 380.000 pesetas) por cada día de detención que supere este plazo.