El tribunal de Tous advierte que si prosigue el juicio quedarán fuera 11.000 damnicados

O el tercer juicio de Tous se suspende -y, casi con seguridad, se anula- o más de 11.000 damnificados pueden despedirse de cobrar indemnizaciones por la vía judicial. Así lo dio a entender ayer el tribunal que juzga el caso, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia.

Los magistrados esperan una respuesta de las partes el próximo 9 de diciembre. Las seis semanas de vista oral que se llevan consumidas pueden no servir si la suspensión de las sesiones supera los 15 días, como ocurrió en 1987. En 1989, en cambio, la vista fue anulada por decisión del Supremo.

"Si continúa l...

O el tercer juicio de Tous se suspende -y, casi con seguridad, se anula- o más de 11.000 damnificados pueden despedirse de cobrar indemnizaciones por la vía judicial. Así lo dio a entender ayer el tribunal que juzga el caso, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia.

Los magistrados esperan una respuesta de las partes el próximo 9 de diciembre. Las seis semanas de vista oral que se llevan consumidas pueden no servir si la suspensión de las sesiones supera los 15 días, como ocurrió en 1987. En 1989, en cambio, la vista fue anulada por decisión del Supremo.

"Si continúa la práctica de la prueba y se llega al momento de dictar sentencia, ésta, cualquiera que sea su contenido, no podrá realizar pronunciamiento sobre los derechos de esos 11.000 nuevos perjudicados, que no han sido oídos". Así se expresó ayer el presidente del tribunal, José Presencia.

La rotura de la presa de Tous se produjo en octubre de 1982. Más de 11 años después, el juicio, que se tramita por el procedimiento "de urgencia" está en una difícil tesitura: otro retraso o 11.000 nuevos damnificados sin posibilidad de cobrar por sus pérdidas. Todo ello, a no ser que alguna de las partes presente el día 9 un sistema para compaginar la continuación del juicio y la inclusión de los nuevos afectados.

1989 y 1990, el fiscal pidió indemnizaciones para 24.774 damnificados. Ese juicio, y la posterior sentencia condenatoria para dos ingenieros del Estado, fue anulado por el Supremo el pasado mes de febrero. En abril, el Gobierno aprobó un decreto-ley para indemnizar a los damnificados que renunciaran a la vía judicial. En el decreto-ley, el Ejecutivo incluyó también nueve pueblos cuyos damnificados no aparecían en la primera lista del fiscal.