PSOE y CiU impiden que Serra informe al Congreso sobre la red de escuchas

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, no comparecerá ante el Parlamento para informar de la trama de escuchas ilegales desarticulada en Barcelona. La Junta de Portavoces, con el voto de socialistas, nacionalistas catalanes y Coalición Canaria, rechazó la petición del PP, apoyada por Izquierda Unida, para que compareciese ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre esta red, que incluía a ex miembros del Cesid.

/ BarcelonaLa investigación que sobre la trama de escuchas ilegales dirige Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 de Barcelona, afronta ho...

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, no comparecerá ante el Parlamento para informar de la trama de escuchas ilegales desarticulada en Barcelona. La Junta de Portavoces, con el voto de socialistas, nacionalistas catalanes y Coalición Canaria, rechazó la petición del PP, apoyada por Izquierda Unida, para que compareciese ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre esta red, que incluía a ex miembros del Cesid.

/ BarcelonaLa investigación que sobre la trama de escuchas ilegales dirige Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 de Barcelona, afronta hoy un paso decisivo con la prevista toma de declaración en calidad de imputado de Javier Godó, presidente-editor de La Vanguardia. Este empresario dedicó parte de la jornada de ayer a preparar la declaración con su abogado, Francesc Jufresa, cuya línea argumental se presume que seguirá las pautas ya marcadas por su secretaria personal, Gemma Guillén López, en su testimonio ante el juez.Tal defensa iría basada en que los miembros de la trama de escuchas ya detenidos sí trabajaron en la elaboración de informes para Godó, e incluso tomaron vídeos o fotografías de personas investigadas, pero nunca se les autorizó u ordenó que realizaran actividades fuera de la ley, como serían los pinchazos telefónicos. Personas próximas a este empresario manifestaron que se encontraba tranquilo y confiado de que su testimonio de hoy esclarecerá definitivamente su papel en el caso.

Por su parte, la frustrada comparecencia de Serra ante el Congreso es entendida por el popular Federico Trillo, vicepresidente del Congreso, como un hecho complejo que afecta "a las libertades fundamentales" de los ciudadanos y que exige una explicación por parte del Gobierno, dado que en las informaciones que se manejan aparecen involucrados antiguos miembros del Cesid. Para Trillo, nadie mejor que Serra, "coordinador" de las tareas del Gobierno, para explicar a la Cámara lo sucedido, informa Camilo Valdecantos. Carlos Solchaga, portavoz del Grupo Socialista, justificó la postura de su grupo por el hecho de que Convergéncia i Unió (CiU) había solicitado con anterioridad la presencia del ministro de Defensa para hablar del caso.

Funcionarios en activo

Solchaga. informó también de que en la reunión de la Junta de Portavoces los representantes del PNV y del Grupo Mixto no se pronunciaron sobre la petición del PP. Trillo ironizó que el PP quería brindarle una oportunidad a Serra para que compareciese en el Parlamento, de forma que la Cámara "sepa si el vicepresidente del Gobierno tiene algo que decir tanto de los temas de su competencia como de cualquier otro tema" y recordó que "jamás ha hablado en la Cámara".Mientras que desde el Ejecutivo se insiste en el carácter de ex miembros del Cesid de personas como el ex coronel Fernando Rodríguez González o de Miguel Ruiz Martínez, el Lobo, entre otros, la investigación arroja razonables indicios de que estaban en activo cuando realizaron algunas de sus actividades ilegales. Si se probara este punto durante la instrucción del sumario, supondría un agravamiento de la sanción penal que correspondiese a quienes se acreditase que cometieron tales delitos cuando eran funcionarios del Estado. La legislación penal prevé igual pena para particulares y funcionarios, pero en el caso de estos últimos la sanción se acompaña de la inhabilitación absoluta, según recoge el artículo 192 bis del Código Penal.

El abogado de Juan Rodríguez González, uno de los supuestos miembros de esta red detenidos hace una semana, abonó ayer una fianza de dos millones. A primeras horas de la tarde salió de la prisión Modelo de Barcelona.