Acuerdo entre PSOE y PP para elaborar una ley que regule al detalle las subvenciones
Los portavoces del PSOE y del PP en la comisión para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Fernando Gimeno y Luisa Fernanda Rudi, se mostraron ayer partidarios de aceptar una recomendación específica del citado tribunal para elaborar una ley que regule de forma pormenorizada las subvenciones del Estado, de forma que éstas puedan ser sometidas a un control más minucioso del que ha sido posible hasta ahora en la contabilidad general del Estado presentada anualmente. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas denunció el escaso control de los préstamos con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrol...
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Los portavoces del PSOE y del PP en la comisión para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Fernando Gimeno y Luisa Fernanda Rudi, se mostraron ayer partidarios de aceptar una recomendación específica del citado tribunal para elaborar una ley que regule de forma pormenorizada las subvenciones del Estado, de forma que éstas puedan ser sometidas a un control más minucioso del que ha sido posible hasta ahora en la contabilidad general del Estado presentada anualmente. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas denunció el escaso control de los préstamos con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo (créditos FAD).
La comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas examinó ayer la contabilidad del Estado correspondiente a 1988, así como las cuentas de los partidos en ese mismo año, que ya habían sido analizadas el pasado mes de marzo, pero cuya aprobación quedó pendiente al quedar disueltas las Cortes.El Tribunal de Cuentas advierte en sus conclusiones sobre los créditos FAD -concedidos entre 1986 y 1990- que "hasta el momento de redactar este informe, no se ha obtenido la cuenta de resultados de los Fondos de Ayuda al Desarrollo, y el correspondiente balance a 31 de diciembre es un mero balance de sumas y saldos, donde las cuentas de ingresos y gastos se van acumulando desde 1986, y figuran en el activo o pasivo, según la naturaleza de sus saldos, sin que se haya cerrado el ejercicio. Todo ello", agrega el tribunal, "pone de manifiesto la escasa importancia concedida a la contabilidad, carente de representatividad y que ha desempeñado un papel secundario".
Según este tribunal, la contabilidad de las operaciones con' cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo se ha producido con un notable retraso y con ausencia de los procedimientos que garantizarían la corrección y adecuación de las operaciones registradas. El importe total de los créditos FAD, desde su creación en 1986 hasta finales de 1990, ascendió a 266.663 millones de pesetas. Los préstamos han sido concedidos a un reducido grupo de exportadores, entre los que destacan las empresas públicas.
Comisión interministerial
El Tribunal de Cuentas afirma que no tiene constancia de que la comisión interministerial encargada de controlar los créditos FAD, haya evaluado los resultados de cada operación de crédito. No existe constancia tampoco, según el citado tribunal, de que la misma comisión interministerial haya elaborado las propuestas correspondientes que recogieran la dotación presupuestaria total para cada año y que señalaran las directrices para la distribución de los fondos acordados.
Según el Tribunal de Cuentas, se han aprobado concesiones, e incluso formalizado créditos por cuantías superiores a los recursos disponibles, en parte debido a "la falta de regulación específica suficiente que ha permitido interpretar que la limitación de los recursos que el FAD recibe del Tesoro no afecta a las concesiones y formalizaciones".
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas considera "necesario establecer con el rango normativo suficiente los criterios de otorgamiento de las ayudas con cargo al Fondo de, Ayuda al Desarrollo, así como los sistemas de administración y gestión que garanticen la adecuada segreación de funciones y definan las competencias y responsabilidades de cuantos órganos participen en el proceso, coadyuvando al ejercicio del control en sus diversas manifestaciones".
El Tribunal de Cuentas señala, no obstante, que ha constatado que los convenios de crédito con cargo al FAD se ajustan a los acuerdos de concesión del Consejo de Ministros y a los acuerdos de la OCDE, que España está obligada a cumplir.
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