Contra el chantaje
SI FUERA cierto que todavía quedan por pagar a ETA 200 millones de pesetas por el rescate del ingeniero Julio Iglesias Zamora, no cabe ninguna duda de que las fuerzas de seguridad tienen el deber de impedir que esa importante cantidad llegue a manos de los terroristas. Ese deber no ha dejado de existir a lo largo de los 117 días que duró el cautiverio; lo que ocurre es que su cumplimiento planteaba a la sociedad y al Estado un serio conflicto moral: la posibilidad de que los terroristas llevasen a cabo sus criminales propósitos sobre la vida del secuestrado si se frustraba el objetivo económic...
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SI FUERA cierto que todavía quedan por pagar a ETA 200 millones de pesetas por el rescate del ingeniero Julio Iglesias Zamora, no cabe ninguna duda de que las fuerzas de seguridad tienen el deber de impedir que esa importante cantidad llegue a manos de los terroristas. Ese deber no ha dejado de existir a lo largo de los 117 días que duró el cautiverio; lo que ocurre es que su cumplimiento planteaba a la sociedad y al Estado un serio conflicto moral: la posibilidad de que los terroristas llevasen a cabo sus criminales propósitos sobre la vida del secuestrado si se frustraba el objetivo económico de conseguir un precio por él.Tras la liberación de Julio Iglesias Zamora, el escenario ha cambiado radicalmente. Es indudable que todavía pesan riesgos sobre su vida en el supuesto de que queden pagos aplazados a cuenta de su rescate. Pero las fuerzas de seguridad están ahora en condiciones de conjurarlos. Su deber de impedir que sigan llegando a manos de la banda terrorista fondos con los que organizar nuevos secuestros y asesinatos es plenamente compatible, en estas circunstancias, con el de proteger de una manera efectiva a la víctima de la extorsión.
Esa actuación policial, junto a la investigación rápida y exhaustiva de las circunstancias del secuestro y de las vías de intermediación en el pago del rescate, hacen todavía posible que lo que ha sido un éxito táctico de ETA -eludir el cerco policial y obtener una parte del precio de su extorsión- se convierta muy pronto en un fracaso, poniendo a los extorsionadores y a sus cómplices a disposición de la justicia.
A quienes impúdicamente han avalado el chantaje de ETA ("¡Julio, paga!") y cínicamente jaleado sus inhumanos efectos sobre la víctima ("¡Gracias, Julio!") hay que hacerles ver dos cosas: que estos métodos mafiosos han dejado de producir rédito alguno en el seno de la sociedad vasca (su repulsa activa del secuestro ya lo puso de manifiesto) y que, más bien pronto que tarde, quienes los ponen en práctica pagan por ello. Ha sucedido otras veces y no hay razón para dudar de que en muy breve plazo así sucederá también ahora.
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