Un acuerdo precipitado

Quizá el instrumento para conjugar las exigencias de que se dote de auténtica autonomía financiera a las comunidades autónomas, se creen mecanismos de solidaridad interterritorial y haya homogeneidad en la dotación de recursos financieros sea el sistema de concierto y convenio que rige en Navarra y en el País Vasco. No nos tiembla el pulso por admitirlo. Es una línea de reflexión y análisis que nonos consta que se haya acometido seriamente. De modo que, si los expertos no nos ilustran sobre su viabilidad práctica, seguiremos con ese complejo del alumno que se examina con lecciones sin leer. Po...

Quizá el instrumento para conjugar las exigencias de que se dote de auténtica autonomía financiera a las comunidades autónomas, se creen mecanismos de solidaridad interterritorial y haya homogeneidad en la dotación de recursos financieros sea el sistema de concierto y convenio que rige en Navarra y en el País Vasco. No nos tiembla el pulso por admitirlo. Es una línea de reflexión y análisis que nonos consta que se haya acometido seriamente. De modo que, si los expertos no nos ilustran sobre su viabilidad práctica, seguiremos con ese complejo del alumno que se examina con lecciones sin leer. Por tanto, háganse los estudios, simulaciones y ensayos precisos para sacarnos de la duda. Y si ésa no es la solución, hay que redefinir el modelo actual para evitar que la suficiencia financiera venga determinada, como una constante inevitable, por el coste de los servicios transferidos. La experiencia de más de diez años de la LOFCA demuestra que tal punto de referencia conduce inexorablemente al déficit, cerrando, además, el paso al diseño e implantación de nuevas figuras financieras, dadas las enormes desigualdades existentes entre unas y otras comunidades autónomas. La reciente cesión del 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es muy reveladora.El Estado no puede continuar cruzado de brazos con el monopolio de normativa y gestión de todas las figuras importantes del sistema tributario, al mismo tiempo que imposibilita materialmente a las comunidades autónomas para hacer uso de sus facultades de imposición. Las comunidades autónomas pueden establecer recargos en el IRPF, ¿pero es que alguien puede considerar factible agravar la tarifa del IRPF, que llega al 56% sobre las rentas que estén por encima de 9,5 millones de pesetas, sin posibilidad, además, de descontar en la cuota estatal lo satisfecho por el recargo autonómico? Lo razonable es que el Estado facilite el ejercicio de una determinada autonomía financiera. La fiscal competition que se desató con el impuesto de actos jurídicos documentados ha sido una buena experiencia para el futuro.. Otra vía para avanzar en la capacidad de autogeneración de recursos sería desbloquear la normativa de los tributos cedidos; por ejemplo, cómo puede mantenerse la disparidad actual del impuesto sucesorio entre los españoles, con un impuesto nuevo recién creado por el Estado que penaliza el ahorro y una tributación prácticamente inexistente en los supuestos más comunes, por decisión de las autoridades fiscales de los territorios forales. Otro camino no ensayado sería abatir la tarifa del IRPF en la misma medida en que las comunidades autónomas decidan la imposición de un recargo, libremente fijado por sus respectivos Parlamentos y gestionado de forma integrada con la Administración del Estado. También podría llegarse a la cesión total y definitiva de aquellos conceptos que no tienen traslación posible, como las tasas del juego, que podrían pasar a ser un tributo propio de las comunidades autónomas con plenas capacidades normativas y de gestión.

Pero para que todas estas ideas -y las demás que surjan- puedan tener viabilidad, es preciso que el Estado fomente la colaboración y coordinación, asignaturas ambas pendientes en nuestra realidad actual, acompañadas de una profunda reordenación competencial entre las tres Administraciones que evite solapamientos, que son un lujo muy caro para los contribuyentes.

Lo que resulta preocupante es que el acuerdo del 7 de octubre haya abierto un camino de dudoso destino, centrado sobre la figura central de la política económico-fiscal del Estado, con un incremento notable del gasto público por vía de transferencia a las comunidades autónomas, y ello porque la Hacienda del Estado sufre mermas en dos direcciones: por las mayores transferencias que de hecho van a tener las que esperan que la recaudación crezca por encima de lo previsto en el acuerdo de 1992 y por la compensación que habrá que acordar para las demás. El documento aprobado reconoce explícitamente para el Estado un coste "estimado" de lo que nos llena de inquietud.

La perversión del sistema se producirá de forma definitiva si, en el futuro, este Gobierno, o el que sin duda le sustituirá, pretenden reducir la tarifa actual del IRPF. En ese momento deberá arbitrar las consiguientes compensaciones para sus socios autonómicos. Inversamente, si la coyuntura obliga a elevar la tributación por el IRPF, deberá descontar la parte que inexorablemente irá a las arcas de las comunidades autónomas, sea directamente sea por vía de compensación. Queda una alternativa: que el Estado no modifique la tarifa, con lo que quedaría bloqueada su capacidad de acción en este campo. ¿Es eso lo que se busca?

El mecanismo que se pretende instaurar está absolutamente inmaduro y no parece que haya sido ensayado en su comportamiento práctico. Porque, ¿qué pasaría si en una comunidad la recaudación por IRPF fuera cero porque todos sus contribuyentes están en el umbral, de tributación o porque acceden al mismo como consecuencia del mínimo exento? El diseño previsto se perfila de esta manera como lo más regresivo que pueda imaginarse. Obsérvese la paradoja: el futuro gravamen por IRPF de las prestaciones por desempleo permitirá mejorar las transferencias que percibirán las comunidades autónomas con mayor nivel de paro.

El acuerdo del 7 de octubre sobre cesión del 15% del IRPF es un acuerdo -ojalá me equivoque- de incalculables consecuencias, hecho de forma precipitada, sin consenso y que afecta a principios irrenunciables de carácter político y económico como son la estabilidad y la redistribución. El país descentralizado por excelencia, EE UU, no permite ninguna ligereza sobre el impuesto federal sobre la renta. Por algo será.