Una deuda pone en riesgo el futuro de una residencia para deficientes

Una deuda de 300 millones de pesetas con la Seguridad Social pende sobre la formación de 115 minusválidos físicos y psíquicos, internos y externos. Este débito histórico, contraído en los años ochenta por el colegio residencia de los Santos Niños Justo y Pastor, en la calle Rafaela Ibarra, de Usera, ha creado una delicada situación económica.Desde hace cuatro semanas, los padres de los alumnos organizan encierros todos los viernes para reclamar la búsqueda de soluciones a la Asociación Nacional de Disminuidos Físicos y Psíquicos (ANDE), que gestiona este centro, y a las instituciones que tiene...

Una deuda de 300 millones de pesetas con la Seguridad Social pende sobre la formación de 115 minusválidos físicos y psíquicos, internos y externos. Este débito histórico, contraído en los años ochenta por el colegio residencia de los Santos Niños Justo y Pastor, en la calle Rafaela Ibarra, de Usera, ha creado una delicada situación económica.Desde hace cuatro semanas, los padres de los alumnos organizan encierros todos los viernes para reclamar la búsqueda de soluciones a la Asociación Nacional de Disminuidos Físicos y Psíquicos (ANDE), que gestiona este centro, y a las instituciones que tienen numerosos alumnos becados en él por falta de plazas públicas.

Los problemas de la residencia se remontan a los años ochenta. Entonces, dirigida por la asociación de padres Pacis, adquirió deudas por valor de 600 millones de pesetas. La mitad de ellas las contrajo con la Seguridad Social y aún no se han pagado.

Este agujero ha generado otros. El importe de las ayudas que el Insalud concede a 49 alumnos no llega al centro porque queda retenido para saldar esta deuda contraída con el Estado. Y los conciertos con el Inserso sólo serían posibles si ANDE adquiriese la responsabilidad subsidiaria de las deudas contraídas por Pacis, informa Ana Llovet. A las arcas sólo entra el dinero de las 28 becas concedidas por la Comunidad de Madrid, de las 16 de la ONCE y de los alumnos sin ayuda pública.

Esta situación financiera provoca medidas que han sembrado la alarma entre los progenitores: el cierre del centro en agosto y la supresión del transporte escolar de 37 alumnos. También hubo, según las familias, una tentativa de cerrar los fines de semana.

Ayudas públicas

El director Francisco Ortega, que niega cualquier sospecha de clausura, cree que la solución pasa por que se condone la deuda contraída con la Seguridad Social. Pero las conversaciones con las instituciones no han dado fruto. "Eso permitiría recibir las ayudas públicas", añade.Ricardo Davidoff, portavoz de los padres, cree que sin el perdón de los débitos es difícil salir adelante. "Nuestros hijos vienen a un centro privado porque no les han concedido plaza en uno público, por las listas de espera que hay; las instituciones no pueden dejar este asunto de lado", asegura. "Que perdonen o que pidan responsabilidades por una posible mala gestión anterior, pero los chavales no pueden pagar los platos rotos", añade.

Además de todos los problemas económicos, los progenitores están molestos con ANDE porque consideran que no cuenta con ellos. "Algunos trabajadores nos dicen que como hay poco presupuesto se come mal y que el número de niños por aula ha aumentado, estamos desinformados, y nuestros hijos, deficientes, no nos pueden explicar cómo van las cosas", concluye.