Salarios y empleo

SI LA recuperación económica dependiera sólo de la voluntad política de los Gobiernos, a estas alturas nos habríamos enterado de la receta y bastaría con copiarla. Lamentablemente, no basta con quererlo -y con plasmar ese deseo en un boletín oficial- para que aumente la inversión y se eliminen los obstáculos que impiden la creación de empleo. El pacto social es una forma de reconocimiento de que no basta la voluntad del Gobierno, pero también de que el mercado por sí mismo no es capaz de adecuar las relaciones laborales a las condiciones marcadas por la crisis.La aceptación por parte de los si...

SI LA recuperación económica dependiera sólo de la voluntad política de los Gobiernos, a estas alturas nos habríamos enterado de la receta y bastaría con copiarla. Lamentablemente, no basta con quererlo -y con plasmar ese deseo en un boletín oficial- para que aumente la inversión y se eliminen los obstáculos que impiden la creación de empleo. El pacto social es una forma de reconocimiento de que no basta la voluntad del Gobierno, pero también de que el mercado por sí mismo no es capaz de adecuar las relaciones laborales a las condiciones marcadas por la crisis.La aceptación por parte de los sindicatos de una negociación laboral de alcance plurianual y en la que los salarios se pacten de acuerdo con la inflación prevista, y no con la pasada, es la principal novedad de su respuesta a la inicial oferta del Gobierno. Esa aceptación, unida a un acuerdo sobre el calendario negociador que aplaza la espinosa cuestión de las pensiones, abre expectativas de un compromiso aceptable para las partes y eficaz en orden al objetivo prioritario de estimular el crecimiento y el empleo. UGT y CC OO no acceden a un acuerdo que suponga pérdida de poder adquisitivo, pero admiten que los salarios crezcan por debajo del incremento de la productividad. Ello situaría los aumentos para 1994 en una franja entre el 3,5% de inflación prevista y el 5,9% que resultaría de añadir a la cifra anterior el 2,4% de incremento de la productividad esperado. Es un planteamiento alejado de la pretensión gubernamental de disminución del poder adquisitivo de seis puntos en tres años, pero que permite la negociación. Los empresarios, por su parte, han aceptado discutir la condición sindical de destinar a inversión esa ganancia de productividad no recuperada por los salarios.

Un pacto de rentas es, pues, posible, y existe un amplio acuerdo en considerar que tal acuerdo es una de las condiciones esenciales para la recuperación. Y ello porque lo específico de la crisis en España es la existencia de un paro estructural que ni siquiera en el periodo de auge 1986-1990 bajó del 16% de la población activa. Ello es el efecto de un mercado de trabajo poco sensible a la coyuntura. Que con el 23% de paro los salarios hayan crecido tres puntos por encima de la inflación, y que haya sido en Asturias y el País Vasco, las dos zonas más caracterizadas por el declive industrial, donde más crecieron los salarios demuestra esa insensibilidad por partida doble.

A su vez, ello es debido a una estrategia sindical tendente a homogeneizar, mediante los convenios, las condiciones laborales de todas las empresas de un sector, y más tarde de todos los sectores, al margen de la situación de cada uno de esos sectores o empresas. La estrategia ultimista del "o todos o ninguno" seguida por unos sindicatos recién salidos de la clandestinidad se zanjó en los años setenta con cierres de cientos de empresas que podrían, sin embargo, haber resistido con plantillas más reducidas. El mismo efecto está derivando en los noventa de la obsesión sindical por homogeneizar las condiciones salariales en empresas en muy diferente situación. En la práctica, el empresario fija muchas veces el nivel de empleo en función no de las expectativas de su negocio, sino del nivel salarial previamente determinado por los sindicatos. Tal situación es abiertamente contradictoria con cualquier política de generación de empleo.

Sin embargo, una de las virtualidades del pacto es garantizar un marco estable, y de ahí el carácter trianual del acuerdo pretendido. Hay una cierta contradicción entre la adaptación de las condiciones salariales a la situación de cada empresa y la necesidad de conocer por adelantado los costes salariales. De ahí la posibilidad, contemplada en el documento presentado por el Gobierno, de que, a diferencia de lo pactado en anteriores ocasiones, la cláusula de descuelgue prevista para empresas en graves dificultades se aplique ahora a la inversa: posibilidad de aumentos superiores a los del convenio del sector para las empresas cuya saneada situación lo permita.