El presidente de la APM, investigado por su relación con una empresa defraudadora

Hacienda ha levantado cinco actas de inspección a la empresa Distribuciones de Butano Crae, SA (Dibucrae) -sociedad que controla el magistrado Ramón Rodríguez Arribas-, por una deuda tributaria de más de 20 millones. La vinculación del magistrado a esta empresa, en la que Hacienda ha descubierto irregularidades en el pago del IVA y del impuesto de sociedades, será analizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 10 de agosto acordó investigar la actividad mercantil del magistrado en Dibucrae.Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura ...

Hacienda ha levantado cinco actas de inspección a la empresa Distribuciones de Butano Crae, SA (Dibucrae) -sociedad que controla el magistrado Ramón Rodríguez Arribas-, por una deuda tributaria de más de 20 millones. La vinculación del magistrado a esta empresa, en la que Hacienda ha descubierto irregularidades en el pago del IVA y del impuesto de sociedades, será analizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 10 de agosto acordó investigar la actividad mercantil del magistrado en Dibucrae.Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, recibió el 52% de los beneficios extras de explotación -algunos de ellos durante el periodo de 1987 a 1990 inspeccionado por Hacienda- de la sociedad que, según fuentes fiscales, controla mercantilmente. Tales fuentes aseguran que Rodríguez Arribas es el principal propietario de Dibucrae y "actúa de hecho como el empresario a la hora de tomar acuerdos importantes".

Sin embargo, el presidente de la APM no figura en el consejo de administración, en cuyos cargos de presidenta y secretaria figuran en el Registro Mercantil dos viudas de amigos suyos y su propio hijo. Rodríguez Arribas declaró a EL PAÍS: "A los jueces sólo nos está prohibido ejercer funciones mercantiles directas" y limitó su vinculación con Dibucrae a su participación del 52% en la propiedad, que comparó con que los jueces "pueden ser accionistas de Telefónica".