El Supremo condena a un año de cárcel a los acusados por aborto de Los Naranjos
Les inhabilita profesionalmente por seis años
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los cinco procesados por aborto del centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla. La sentencia, hecha públíca ayer, admite parcialmente el recurso interpuesto por los cuatro fundadores del centro y rebaja la pena de cinco años a uno de cárcel y seis de inhabilitación profesional. Esto abre de nuevo la polémica sobre la normativa actual a juicio de la coordinadora cívica por el derecho al aborto. El de Los Naranjos se considera el caso de aborto más viejo de Europa.
En la sentencia se condena también al ginecólo...
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los cinco procesados por aborto del centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla. La sentencia, hecha públíca ayer, admite parcialmente el recurso interpuesto por los cuatro fundadores del centro y rebaja la pena de cinco años a uno de cárcel y seis de inhabilitación profesional. Esto abre de nuevo la polémica sobre la normativa actual a juicio de la coordinadora cívica por el derecho al aborto. El de Los Naranjos se considera el caso de aborto más viejo de Europa.
En la sentencia se condena también al ginecólogo Manuel Vergara a cuatro meses de arresto. El caso se remonta a octubre de 1980, cinco años antes de que entrase en vigor la ley de despenalización parcial del aborto, en agosto de 1985. El Supremo, que vio el recurso el pasado día 5 en una sesión a puerta cerrada, declara nulo un auto dictado por la Audiencia Provincial de Sevilla en abril de 1989, poco después de hacer pública la sentencia, que aclaraba que la pena que se había impuesto a José Ángel Lozoya Gómez, Elena Matilde de Haro Aramberri, Rosa María Montoya Molina y José García Corral era de un año de prisión por cada uno de los cinco delitos de abortos. Es decir, cinco años de prisión. La sentencia del Supremo rebaja la condena a un año, ya que considera que el auto de la Audiencia de Sevilla vulnera el artículo 24 de la Constitución, violando el principio acusatorio. La pena pedida por el fiscal era de cuatro años, dos meses y un día. "La modificación introducida en la sentencia afecta de modo directo al principio acusatorio", argumenta el Supremo.
Pero José Ángel Lozoya, uno de los condenados, se mostró ayer desolado por la condena, especialmente por las repercusiones de la inhabilitación profesional. "Se me condena por defender los derechos de la mujer en 1980, pero, en cierto sentido, hubiera preferido una condena mayor de cárcel, pero sin inhabilitación profesional. Tendré que pedir la libertad condicional cuando llevo ya 13 años en esa libertad condicional, pero la sentencia, ante todo, me obliga a cambiar de trabajo; no puedo ni ser barrendero de un centro de salud. Me duele especialmente que me quiten el derecho al voto", dice Lozoya. A su juicio, la decisión del Supremo va a "poner a prueba los 100 días del nuevo Gobierno". "Los Naranjos es la única experiencia realmente utópica que ha habido en España sobre el aborto", concluye Lozoya.
Por su parte, Marisa Castro, de la Coordinadora Cívica por el Derecho al Aborto, se mostró ayer "indignada" por la sentencia condenatoria del Supremo. "Pensaba que no se iba a confirmar la condena, porque no es de recibo que se condene a un grupo de ciudadanos por ejercer un derecho democrático como es el aborto. Me parece intolerable que siga habiendo juicios", afirma Marisa Castro.
La posibilidad de un indulto, planteado por las mujeres del PSOE, provoca en Marisa Castro una sensación de cansancio. "Estamos hartos de perdir perdón al Gobierno", concluye.
Un problema pendiente de solución
Los condenados por el caso Los Naranjos no ingresarán en prisión, dado que carecen de antecedentes. No obstante, la sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo plantea de nuevo la inseguridad jurídica en la que se encuentran tanto las mujeres como los profesionales sanitarios comprometidos con el aborto, según la Coordinadora Cívica Pro Derecho al Aborto. Marisa Castro, integrada en esa coordinadora, considera que la presencia en el nuevo Gobierno de Juan Antonio Belloch, ministro de Justicia, y de Cristina Alberdi, ministra de Asuntos Sociales, abre una "vía a la esperanza". "Belloch se ha mostrado partidario en varias ocasiones de una ley de plazos, y es, al igual que Alberdi, un claro defensor de las mujeres", dice Castro.Cristina Alberdi manifestó ayer que "es lamentable" que el problema del aborto esté aún pendiente", informa Rosa Rivas. "El tema del aborto tiene que quedar solucionado en esta legislatura, y en la línea que abogamos las mujeres: que la decisión última nos corresponda a nosotras. Por otro lado, tiene que haber una tranquilidad para los profesionales que desempeñan su trabajo dentro del marco legal", afirmó Alberdi.
En este sentido, Inés Ayala, secretaria estatal de Acción Social de UGT, manifestó ayer que la presencia de Alberdi en el Gobierno puede ayudar a desbloquear "puntos muertos como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo". Entre las reacciones a la sentencia destaca un comunicado de la Secretaría de la Mujer del PSOE. Señala que "acata y respeta" la decisión del Supremo, pero entiende que responde más a "condicionantes de cáracter ideológico que a la adecuada interpretación de la ley".
El comunicado añade que la sentencia supone "un anacronismo en la época en que vivimos", y confía en que el nuevo Código Penal "dé respuesta de una vez por todas a este tipo de situaciones incomprensibles en un país democrático".