TRIBUNALES

La defensa de los Niños de Dios culpa a la Generalitat del daño a los menores

El juicio a los 10 supuestos miembros de la secta Niños de Dios celebrado en Barcelona quedó ayer visto para sentencia. En sus conclusiones, la fiscal mantuvo la petición de 200 años de cárcel para los 10 procesados por los delitos de asociación ilícita, estafa, fundar ilegalmente un colegio y causar lesiones psíquicas a 15 menores del grupo.Los tres letrados de la defensa pidieron la absolución para los acusados. Uno de los abogados aseguró que el procedimiento contra sus defendidos ha sido "atípico" en la fase de instrucción y, sobre todo, en las primeras actuaciones de los Mossos d'Esquadra...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

El juicio a los 10 supuestos miembros de la secta Niños de Dios celebrado en Barcelona quedó ayer visto para sentencia. En sus conclusiones, la fiscal mantuvo la petición de 200 años de cárcel para los 10 procesados por los delitos de asociación ilícita, estafa, fundar ilegalmente un colegio y causar lesiones psíquicas a 15 menores del grupo.Los tres letrados de la defensa pidieron la absolución para los acusados. Uno de los abogados aseguró que el procedimiento contra sus defendidos ha sido "atípico" en la fase de instrucción y, sobre todo, en las primeras actuaciones de los Mossos d'Esquadra. El letrado opinó que no se han tenido en cuenta hechos delictivos, sino que se han utilizado argumentaciones no jurídicas -por ejemplo, la consideración de que Niños de Dios es una secta destructiva-.

En relación al delito de lesiones psíquicas a 15 menores, el abogado sostuvo que "quien puso en peligro el equilibrio psíquico de los menores fue el organismo público y la actuación policial". En su opinión, estos menores tuvieron secuelas psíquicas no causadas por sus padres sino por la Administración, en este caso la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat, que separó a los niños de sus progenitores. Y recordó que el procedimiento, desde su punto de vista erróneo e "inquisitivo" se pagó con dinero público.

La fiscal, Teresa Lema, resaltó "la peligrosidad social de las sectas destructivas" que "vulneran elementales derechos a las creencias y a la libertad individual mediante técnicas de persuasión coercitiva o robotización mental".

Archivado En