La Comunidad y el Estado saldan deudas para acabar los 1.340 últimos pisos de barrios en remodelación

Las últimas 1.340 viviendas del plan de barrios en remodelación podrán concluirse sin sobresaltos, ahora que el Estado ha decidido aportar los 24.000 millones de pesetas que la Comunidad de Madrid precisa para finalizar el programa.Los chabolistas pendientes de piso y las constructoras atosigadas por, impagos del Gobierno regional tomarán aire después de tres años de incertidumbre. El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y el de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, firman hoy un convenio con el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, por el que la Administración centra...

Las últimas 1.340 viviendas del plan de barrios en remodelación podrán concluirse sin sobresaltos, ahora que el Estado ha decidido aportar los 24.000 millones de pesetas que la Comunidad de Madrid precisa para finalizar el programa.Los chabolistas pendientes de piso y las constructoras atosigadas por, impagos del Gobierno regional tomarán aire después de tres años de incertidumbre. El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y el de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, firman hoy un convenio con el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, por el que la Administración central se compromete a aportar ese dinero en los próximos 15 años. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionará un crédito para disponer pronto de esa cantidad.

El plan de barrios en remodelación nació en 1979 para erradicar el chabolismo en los distritos del sur de Madrid. Comprendía la construcción de 38.540 pisos, pero además había que dotar de servicios a las nuevas barriadas.

Una vez transferidas las competencias de vivienda al Gobierno autónomo empezaron las discrepancias entre instituciones. El Estado consideraba que no era de su competencia pagar escuelas, guarderías, calles o iglesias.

En 1989, Obras Públicas decidió que ese año aportaba 2.000 millones de pesetas al proyecto y ni un duro más.

El Gobierno regional continuó en solitario, a un ritmo más lento y contrajo importantes deudas con las constructoras. Al menos seis de los 30 barrios incluidos en el programa empezaron a sufrir fuertes retrasos por los problemas de financiación.

Hace dos meses, las empresas empezaron a plantearse acudir a los tribunales si no se hallaba una fórmula para recuperar los 17.000 millones de pesetas que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) les debía por obras construidas y no cobradas.