Moreiras ratifica que UGT se financió ilegalmente en el 'caso Enatcar'
El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha confirmado la libertad bajo fianza de 20 millones de pesetas del ex presidente la empresa Enatcar, Rafael Ortega Martín, al que imputan delitos de falsedad documental, estafa y malversación de fondos públicos.
El auto ratifica que la central sindical UGT obtuvo 30 millones de pesetas en la venta por parte de Renfe de algunas concesiones de líneas de transporte de viajeros por carretera que venían siendo alquiladas a empresarios privados.
Paulino Barrabés, tesorero de UGT, recibió ocho cheques que totalizaban esa cantidad y qu...
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El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha confirmado la libertad bajo fianza de 20 millones de pesetas del ex presidente la empresa Enatcar, Rafael Ortega Martín, al que imputan delitos de falsedad documental, estafa y malversación de fondos públicos.
El auto ratifica que la central sindical UGT obtuvo 30 millones de pesetas en la venta por parte de Renfe de algunas concesiones de líneas de transporte de viajeros por carretera que venían siendo alquiladas a empresarios privados.
Paulino Barrabés, tesorero de UGT, recibió ocho cheques que totalizaban esa cantidad y que fueron pagados por los empresarios a los que se adjudicaron esas líneas, en función de la importancia económica de las mismas.
La resolución del juez Miguel Moreiras señala que al detectarse, durante los años en que Ortega fue presidente, diversas irregularidades en la gestión de Atcar, (empresa predecesora de Enatcar) y sus filiales Bacoma, Transportes Andreo y C. T. M. se acordó llevar a cabo una auditoría que clarificara las cuentas.
Esta auditoría detectó facturas de 80 autocares Mercedes a un precio de 29 millones de pesetas cada uno, que no se correspondía con el precio real, 23,5 millones, por el que habían sido vendidos. El juez intenta esclarecer la supuesta sobrevaloración de facturas de compra de estos autocares así como de material inexsistente para los camiones.
Rafael Ortega Martín también ordenó pagar 14,6 millones de pesetas a Fundescoop, una fundación de UGT, por un informe que no ha aparecido.