El Tribunal de Cuentas destapa anomalías contables y facturaciones ficticias de Renfe en el año 1989

La auditoría del Tribunal de Cuentas sobre Renfe en el ejercicio 1989, finalizada en julio de 1992 y pendiente de las alegaciones de la empresa, ha destapado múltiples irregularidades en la contabilidad, el funcionamiento y las contrataciones de la compaña ferroviaria. El informe, firmado por Eduardo Navarro Paracuellos, concluye que "una gran-partede las cuentas [de la empresa] no representa la realidad económico-financiera de esta compañía". El periodo auditado coincide con el año en el que más operaciones de compraventa de terrenos realizó la compaña en San Sebastián de los Reyes y que al d...

La auditoría del Tribunal de Cuentas sobre Renfe en el ejercicio 1989, finalizada en julio de 1992 y pendiente de las alegaciones de la empresa, ha destapado múltiples irregularidades en la contabilidad, el funcionamiento y las contrataciones de la compaña ferroviaria. El informe, firmado por Eduardo Navarro Paracuellos, concluye que "una gran-partede las cuentas [de la empresa] no representa la realidad económico-financiera de esta compañía". El periodo auditado coincide con el año en el que más operaciones de compraventa de terrenos realizó la compaña en San Sebastián de los Reyes y que al desvelarse dio lugar a un escándalo que motivó la dimisión de Julián García Valverde, presidente de Renfe en aquella época, como ministro de Sanidad.

El informe del Tribunal de Cuentas destaca que la Delegación Especial de Hacienda en la empresa no retenía el IRPF a los funcionarios adscritos a este departamento. La auditoría recoge, además, que en el caso de la empresa contratada para atender el servicio de restauración en los trenes, Catertren, existen "indicios razonables que podrían determinar que estas facturas fueron ficticias".Fuentes de la actual dirección, que encabeza Mercé Sala, destacan el carácter preliminar de la auditoría, cuya elaboración duró más de un año. Las mismas fuentes, que reconocen la existencia de cierto descontrol interno hasta el ejercicio 1989, aseguran que, en este momento, la contabilidad de Renfe se adecúa a las directrices que marca la Intervención General del Estado (IGAE) para las empresas públicas.

Los borrones más importantes que refleja la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre 1989, son:

-Catertren: Según el informe del Tribunal de Cuentas, Renfe pagó a esta sociedad facturas por importe de 525 millones, formalizadas y contabilizadas como "anticipos a proveedores", sin que conste la prestación de servicios por dicho importe. El informe asegura que "existen indicios razonables que podrían determinar que estas facturas fueron ficticias". Renfe pagó a la empresa otros 98,5 millones en concepto de "líneas deficitarias" y otros 133 por "inversiones". Tampoco en estos casos, según el auditor, consta justificación alguna.

-Medicalia SA: De acuerdo con la auditoría, Renfe pagó a esta sociedad 467 millones de pesetas por gestionar, ante diferentes organismos de la Administración (Inem, IMAC), bajas por invalidez y ceses pactados que afectaron a más de 1.300 empleados. En opinión de Eduardo Navarro, las cantidades pagadas a Medicalia son excesivas "en base a la gestión realizada". El auditor explica que jamás hubo un contrato firmado entre Renfe y Medicalia y que, en las actas de conciliación ante el IMAC, se hicieron constar las bajas voluntarias como despidos.

-Datsa: Esta empresa, filial de Renfe y dedicada al transporte de paquetería facturó a Renfe en el año 1989 más de 2.000 millones. Este coste, según la auditoría, fue excesivo y se debió a las subcontrataciones efectuadas con otras sociedades (Grupo Técnico de Gestión; Holding BRM y Servicios Universales Antar). El informe del Tribunal de Cuentas afirma que no hay soporte documental de las relaciones entre Datsa y esas sociedades.

-Normativa de personal: La compañía, siempre según el informe, habría incumplido distintas normas al indemnizar a trabajadores que se acogieron a jubilaciones anticipadas y a programas de invalidez. Renfe tampoco aplicó retenciones por IRPF a dichas indemnizaciones. La compañía tampoco ingresó las cuotas de formación profesional de los empleados. Esta infracción motivó un acta de la Inspección de Trabajo.

-Delegación Especial de Hacienda: El departamento-representación del Ministerio de Economía en la empresa "no realizaba retenciones por IRPF" a sus funcionarios. Advertida la situación por el Tribunal de Cuentas, la delegación presentó -fuera de plazo- las liquidaciones de los años 1987 a 1990. Según la auditoría, los funcionarios de esta delegación recibían retribuciones de la empresa "al margen de las que les correspondan con cargo al Ministerio [de Economía]". Además de los casos mencionados, la auditoría del Tribunal de Cuentas recoge el poléico caso de la compra-venta de terrenos en San Sebastián de los Reyes que llevó a cabo la filial de la compañía Equidesa; clasificaciones incorrectas de determinadas cuentas abiertas en entidades bancarias; ausencia de justificaciones para determinados gastos; vinculaciones de empleados y directivos con empresas de publicidad relacionadas a su vez con otras que se han beneficiado de contratos de Renfe; descoordinación entre departamentos y paralización y descontrol en la gestión de los saldos a favor.

Respecto a algunas agencias de viajes, "se da el caso" afirma Navarro, "de que Renfe se ha enterado de la falta de billetes después de pasar un año sin ingresar los billetes cobrados por cuenta de ésta".