La auditoría de Arthur Andersen detecta el impago de impuestos en Grand Península-Tibigardens

La auditoría del ejercicio de 1992 de Grand Península, sociedad promotora encargada de construir el parque de atracciones Tibigardens de Tarragona, está generando enfrentamientos en el equipo ejecutivo de Javier de la Rosa, propietario del 80% del proyecto, según han asegurado fuentes próximas a la empresa. Estas fuentes aseguran que el auditor Arthur Andersen ha incluido dos salvedades en el informe. Una de ellas hace referencia al impago de impuestos por una cantidad que no ha trascendido y a la cobertura por las posibles reclamaciones de propietarios de terrenos expropiados.

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La auditoría del ejercicio de 1992 de Grand Península, sociedad promotora encargada de construir el parque de atracciones Tibigardens de Tarragona, está generando enfrentamientos en el equipo ejecutivo de Javier de la Rosa, propietario del 80% del proyecto, según han asegurado fuentes próximas a la empresa. Estas fuentes aseguran que el auditor Arthur Andersen ha incluido dos salvedades en el informe. Una de ellas hace referencia al impago de impuestos por una cantidad que no ha trascendido y a la cobertura por las posibles reclamaciones de propietarios de terrenos expropiados.

La tensión generada por estas salvedades se explica, más que por su importancia económica directa, por el hecho de que Javier de la Rosa mantiene negociaciones, iniciadas e impulsadas por la Generalitat para vender su participación en el proyecto del parque. La presencia de salvedades en la auditoría podría acabar reduciendo la valoración final de esa participación, según informaron fuentes próximas a la empresa. Medios cercanos a Javier de la Rosa manifestaron: "La auditoría de Grand Península aún no ha finalizado y el único tema contencioso es el relacionado con las expropiaciones". Las mismas fuentes negaron que la firma auditora recogiera en su informe cualquier referencia al impago de impuestos.

Negociaciones con Fecsa

Se da la circunstancia de que la sociedad Andersen Consulting, filial de la firma que realiza la auditoría de Grand Península, tiene el encargo de Fecsa de evaluar el proyecto del parque con vistas a una posible entrada en el mismo de la compañía eléctrica. Sobre el desarrollo de estas negociaciones, se considera que en un plazo de "tres semanas se avanzará alguna conclusión".Las tensiones entre los ejecutivos del socio mayoritario de Grand Península se expresaron ante Randolph Baker y Lluis Llubià, los dos representantes del otro socio del proyecto -la multinacional norteamericana Anheuser Busch, que posee el 20% restante del capital-. Durante el último consejo de la sociedad, celebrado en la pasada semana, Alfonso Maristany, presidente de Grand Península y cuñado de Javier de la Rosa, llegó a insinuar la posibilidad de que presentaría la dimisión de su cargo.

La auditoría es un informe sobre la situación financiera de una empresa, elaborado por expertos independientes y que pretende dar seguridad a los accionistas y clientes de una sociedad sobre la veracidad de la información que ésta facilita en sus balances y memorias. Cuando los auditores advierten algún dato de interés que no se recoge en la memoria incluyen una salvedad en su informe, que se adjunta a la memoria.

El consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra informó recientemente sobre algunas modificaciones en el proyecto del parque de atracciones. El nuevo proyecto implica el abandono de la construcción de una zona residencial anexa a las instalaciones lúdicas, y la consiguiente reducción de la inversión, estimada en unos 15.000 millones de pesetas. La propuesta, que ha sido bien acogida por los empresarios turísticos y hoteleros de la zona, es el primer paso en la línea de un nuevo diseño del proyecto. Esta nueva orientación estaría promovida, en parte, por los posibles nuevos socios que negocian la sustitución de De la Rosa en la construcción del parque.

Estas negociaciones se iniciaron a instancias de la Generalitat al conocer las dificultades financieras de Javier de la Rosa. En un primer momento, la Generalitat congeló la disponibilidad de 10.000 millones de pesetas concedidos al proyecto mediante ley del Parlament de Cataluña. Hasta el momento, Grand Península ha dispuesto de 1.500 millones con cargo a dicho aval, aunque la Administración autonómica se ha comprometido ante algunas entidades financieras, como la Caixa de Tarragona, a conceder nuevos tramos durante el próximo mes de abril.

Entre las alternativas barajadas por la Administración autonómica para asegurar el futuro del parque se encuentra la de que Anheuser Busch incremente su actual participación en el proyecto y asuma un mayor protagonismo. Sin embargo, fuentes próximas al grupo norteamericano han expresado su reticencia ante esa posibilidad. Otra de las posibles salidas previstas por la Generalitat es la de asumir directamente una participación en el proyecto.