Imputaciones y datos

NO ERA necesario calificar de forma tan primitiva, como lo hizo el diputado del Partido Popular José Manuel Otero Novas en el Congreso, el proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico para alertar sobre sus hipotéticos riesgos de ilegalidad o de inconstitucionalidad.Los trazos gruesos con los que el diputado describió el proyecto -versión financiera de la patada a la puerta de la ley Corcuera, Gestapo financiera con fines no confesados- y las torvas intenciones que asignó al Gobierno en su presentación -visión totalitaria y ejercicio de dic...

NO ERA necesario calificar de forma tan primitiva, como lo hizo el diputado del Partido Popular José Manuel Otero Novas en el Congreso, el proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico para alertar sobre sus hipotéticos riesgos de ilegalidad o de inconstitucionalidad.Los trazos gruesos con los que el diputado describió el proyecto -versión financiera de la patada a la puerta de la ley Corcuera, Gestapo financiera con fines no confesados- y las torvas intenciones que asignó al Gobierno en su presentación -visión totalitaria y ejercicio de dictadura salvífica del estilo de la del führer, gran conductor, gran timonel o padrecito- no bastan, en todo caso, para ocultar una evidencia: que un partido que, como el PP, predica la represión pura y dura contra la droga, al punto de pretender castigar con la cárcel al mero consumidor, se muestra cauteloso cuando se trata de controlar donde más les duele a los narcotraficantes: en los beneficios ingentes que obtienen y los bienes en que son invertidos. Que la lógica represiva se pare justo donde está más justificada es todo un ejercicio de incoherencia.

No es extraño que en esta ocasión el PP se haya quedado solo, vapuleado por el resto, y que ningún otro grupo parlamentario se prestase a acompañarle en su extravagante perorata. La impunidad con que una parte sustanciosa de las ganancias del narcotráfico (más de 37 billones de pesetas al año en el mundo) se transfiere a los circuitos financieros es sencillamente escandalosa. Y que existan dificultades legales para hacerle frente -además de las prácticas- no justifica actitudes que, en el fondo, sólo pretenden que las cosas sigan como están.

Los Gobiernos hace tiempo que idean fórmulas para el seguimiento de las transferencias bancarias del narcotráfico sin por ello causar daño al funcionamiento normal del sistema financiero. Otra cosa es que ello sea posible y que tales fórmulas alcancen el éxito que se espera de ellas, en un contexto prohibicionista de la droga que dispara su valor en el mercado. De ahí la reciente reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como un delito específico el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico y penaliza la negligencia culposa de quienes no alerten de tales operaciones si tienen indicios de ellas. De ahí también la ley que en el ámbito administrativo intenta coordinar todos los esfuerzos del sistema financiero en la prevención y vigilancia de los movimientos de capitales sospechosos de tener un origen criminal. Por lo demás, estas iniciativas legislativas responden a una concreta directiva comunitaria que, a su vez, recoge exigencias de los convenios internacionales de Basilea y de Viena sobre el control del blanqueo del dinero del narcotráfico.

A nadie se le oculta el riesgo de que este tipo de legislación, que indaga en zonas oscuras de delincuencia camufladas a vaces en la propia ley, pueda invadir ámbitos reservados al ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano. Pero en el caso de un proyecto de ley que ha recibido el visto bueno, en principio, de todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, es lógico deducir que tal riesgo quede descartado.

Una mayoría parlamentaria numéricamente tan aplastante, a la vez que política e ideológicamente tan diversa, tendrá sumo cuidado en hacer compatibles los; objetivos que persigue el proyecto de ley con el respeto de los derechos del ciudadano. En todo caso, es muy positivo que el sistema financiero haya mostrado su conformidad con la colaboración legal que se le exige y que de hecho viene prestando voluntariamente desde hace dos años. A partir de ahí será más fácil al Parlamento despejar dudas, perfeccionar mecanismos y establecer cautelas que eviten los posibles usos torticeros de la norma. Como método legislativo es más solvente que la espantada.

Por último, no deja de llamar la atención la acción parlamentaria del PP en los últimos días. Es legítimo que la derecha mantenga o aumente la presión sobre el Gobierno, sobre todo en periodo preelectoral; pero sin esa sensación de irresponsabilidad que el pasado jueves dio Otero Novas, o un día antes su diputado Blas Camacho, con imputaciones exentas de dato concreto alguno. La debilidad programática de los conservadores sigue siendo su talón de Aquiles.