El gobernador y los consejeros del Banco de España deberán declarar sus bienes y actividades
Los miembros del futuro consejo de gobierno del Banco de España -gobernador, subgobernador y ocho vocales- estarán obligados a partir de 1994 a hacer cada año una declaración de "sus actividades y su patrimonio" mientras dure su mandato. La exigencia de declarar el patrimonio se introduce tras el escándalo del banco Ibercorp que salpicó al anterior gobernador, Mariano Rubio, por operaciones en bolsa y la mala situación del banco.
Esta es la principal novedad del proyecto de ley de Autonomía del Banco de España para los altos cargos del banco, que supone un endurecimiento de las actuales...
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Los miembros del futuro consejo de gobierno del Banco de España -gobernador, subgobernador y ocho vocales- estarán obligados a partir de 1994 a hacer cada año una declaración de "sus actividades y su patrimonio" mientras dure su mandato. La exigencia de declarar el patrimonio se introduce tras el escándalo del banco Ibercorp que salpicó al anterior gobernador, Mariano Rubio, por operaciones en bolsa y la mala situación del banco.
Esta es la principal novedad del proyecto de ley de Autonomía del Banco de España para los altos cargos del banco, que supone un endurecimiento de las actuales normas de incompatibilidad. Todos los miembros del consejo deberán hacer esta' declaración en los tres meses siguientes a su toma de posesión.La declaración de patrimonio de los miembros del consejo incluirá "al cónyuge no separado y a los hijos dependientes". Además, los consejeros no podrán comprar acciones "ni ellos ni sus cónyuges no separados ni sus hijos dependientes". Estas normas están inspiradas en las disposiciones que aplica para sus miembros la Reserva Federal norteamericana, uno de los bancos centrales más prestigiosos del mundo. Se establece que Ias declaraciones de los consejeros podrán ser verificadas por el Ministerio de Administraciones Públicas".
Las incompatibilidades también afectarán a la comisión ejecutiva -similar al actual consejo ejecutivo-, integrada por el gobernador, subgobernador y dos consejeros.
Otra novedad del proyecto es que el gobernador podrá dimitir sin que su renuncia deba ser aceptada por el presidente del Gobierno, como ocurre ahora. Esta es una de las lecciones sacadas de la anterior crisis de Ibercorp, en la que el anterior gobernador pidió el cese al presidente del Gobierno, pero éste lo rechazó y hubo de aguantar en el cargo hasta cumplir su mandato.
Autonomía política
También se amplían las incompatibilidades a los consejeros del banco. Ahora los consejeros "no pueden ejercer actividades en instituciones de crédito y ahorro". Esta limitación se amplia a "actividades profesionales relacionadas con entidades de crédito cualquiera que sea su naturaleza ni con los mercados de valores". Se mantiene la prohibición de que los miembros del consejo no sean diputados ni ostenten cargos de elección política y la prohibición al gobernador y el su gobernador de trabajar en el sector privado hasta que pasen dos años de su salida del cargo.El nuevo estatuto puede provocar una amplia remodelación del consejo del banco. Además del gobernador y el subgobernador, el actual consejo está intregrado por Enrique Fuentes, José Luis Sureda, Tomás Ramón Fernández, Julio Segura, Alfredo Pastor y Luis Diez Picazo. También están dos altos cargos de Economía (Manuel Conthe y Federico Montero) y los directores generales. Estos últimos desaparecen del consejo a partir de 1994. Con el nuevo estatuto, el caso más conocido de incompatibilidad es de Fuentes Quintana que dirige la fundación FIES, de las cajas de ahorro.
El ministro de Economía nombrará dos consejeros, que no tendrán voto cuando se tomen decisiones sobre política nonetaria. El proyecto de autonomía fue aprobado en el último Consejo de Ministros de 1992 y será remitido en breve al Congreso. El estatuto de autonomía convierte al Banco de España en la única autoridad monetaria, frente a la situación actual en la que el banco es un mero ejecutor de la política que le marca el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno se reserva la facultad de seguir fijando el valor de la peseta. La autonomía de los bancos centrales es uno de los requisitos fijados en el Tratado de Maastricht.
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