Economía de mínimos

A MEDIDA que aparecen los indicadores más relevantes de la economía española se pone de manifiesto la intensa desaceleración de su ritmo de crecimiento y algunas de sus más adversas consecuencias en la formación de las expectativas de los agentes económicos. La tasa de crecimiento real en el tercer trimestre de 1992, según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, fue del 1%; no será muy superior la correspondiente al conjunto del año, sin que pueda anticiparse el final de esa desaceleración a lo largo del actual. La caída en todas las formas de inversión y su impacto negativo so...

A MEDIDA que aparecen los indicadores más relevantes de la economía española se pone de manifiesto la intensa desaceleración de su ritmo de crecimiento y algunas de sus más adversas consecuencias en la formación de las expectativas de los agentes económicos. La tasa de crecimiento real en el tercer trimestre de 1992, según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, fue del 1%; no será muy superior la correspondiente al conjunto del año, sin que pueda anticiparse el final de esa desaceleración a lo largo del actual. La caída en todas las formas de inversión y su impacto negativo sobre el empleo son los exponentes más característicos de esos perfiles recesivos; al término de este año es previsible que el desempleo en nuestro país alcance a casi la quinta parte de la población activa, proporción muy superior a la media europea.La similitud española con los países comunitarios en la falta de impulso del crecimiento económico no se produce, en cambio, en la reducción de los precios. Al final de 1992, la inflación interanual, medida por el índice de precios al consumo (IPC), ha sido del 5,4%, frente al 3,7% de promedio en la CE, que en el caso de los tres países comunitarios con menor variación de los precios se reduce al 3,5%. No hay que olvidar que la inflación de estos últimos es la referencia obligada para la convergencia del resto de países por este concepto. Esas dificultades para reducir los precios españoles se ponen de manifiesto, sobre todo, cuando se deducen del IPC los componentes más volátiles (energía y alimentos sin elaborar) para determinar el índice de la denominada inflación subyacente: un 6,9%, frente al 6,5% registrado en diciembre de 1991. Los precios de los servicios siguen señalando la presencia de rigideces y limitaciones estructurales que bloquean la tendencia a la baja del índice general, a pesar del contexto recesivo en que está inmersa la economía.

No han debido de ser precisamente esos datos de inflación los que han determinado la reducción enmedio punto porcentual, el pasado viernes, de los tipos de interés de referencia del Banco de España. Ha sido, más bien, la apreciación experimentada por la peseta en las últimas jornadas, motivada por las intensas compras de deuda pública por no residentes, la que ha provocado esa baja. A la luz de este hecho aparece más cuestionable todavía la opción tomada hace dos meses de acompañar la última devaluación de la peseta con una elevación del referido tipo de interés.

Casi un año después de la formulación por el Gobierno de los objetivos del Programa de Convergencia, su desigual aplicación explica que no se haya alcanzado esa deseada "compatibilidad de la desinflación y la reducción del déficit presupuestario con el mantenimiento de tasas de crecimiento elevadas"

que constituía su punto de partida. El reconocimiento explícito, en el capítulo cuarto de ese programa, de que sería un error retrasar la aplicación de las reformas estructurales previstas o rebajar su contenido tiene hoy aún más vigencia que entonces. La recuperación de la economía española y la garantía de que ésta se afirme sobre bases saneadas exige el cumplimiento de ese programa de convergencia respaldado por el Parlamento. De poco servirá a la economía, e incluso electoralmente al Gobierno, anunciar medidas aparentemente reactivadoras al tiempo que se mantienen congeladas las que pueden reducir los obstáculos de carácter estructural que frenan su desarrollo.