Los empresarios del agua demandan más pozos y menos pantanos

Directivos de la Asociación de Empresarios del Agua, entidad que agrupa a 15 sectores relacionados con la explotación subterránea del agua, aseguraron ayer que las restricciones que padecen Madrid y Sevilla podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera aplicado una política hidrológica menos sesgada, orientada casi exclusivamente a retraer recursos mediante la construcción de pantanos en lugar de combinarla con la extraída de pozos.El presidente de la Asociación, José María Gálvez-Cañero, ingeniero de minas, atribuye esta tendencia al monopolio que los ingenieros de caminos ejercen en las tom...

Directivos de la Asociación de Empresarios del Agua, entidad que agrupa a 15 sectores relacionados con la explotación subterránea del agua, aseguraron ayer que las restricciones que padecen Madrid y Sevilla podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera aplicado una política hidrológica menos sesgada, orientada casi exclusivamente a retraer recursos mediante la construcción de pantanos en lugar de combinarla con la extraída de pozos.El presidente de la Asociación, José María Gálvez-Cañero, ingeniero de minas, atribuye esta tendencia al monopolio que los ingenieros de caminos ejercen en las tomas de decisión sobre el agua. En su opinión, la preparación de estos técnicos y su estrecho contacto con las grandes constructoras ha provocado que en España sólo se aborde el aspecto superficial del agua y se margine la de procedencia subterránea. "Los políticos de turno se limitan a firmar lo que les preparan los ingenieros", dijo.

Gálvez denunció también que la corrupción presente en todos los niveles de las administraciones -desde las autonomías a las diputaciones o los ayuntamientos- impone que se construyan pantanos, trasvases u obras innecesarias. Mencionó casos de pueblos de Salamanca y Avila donde se han invertido grande sumas para conducirles el agua desde pantanos como el de Santa Teresa, cuando costaría mucho menos sacarla de debajo de sus casas, que la hay y en abundancia.

La Asociación achaca a estos grupos de presión y a la "errática" política de los ministerios de Industria y Obras Públicas y Transportes en este campo, la reducción de los presupuestos del Instituto Teconológico Geominero de España. En su opinión, este organismo, especializado en el estudio del subsuelo, debería estar integrado en la Secretaría de Estado del agua y ser él quien decidiera la política sobre los acuíferos.

Gálvez asegura que los acuíferos 23 y 24 de Castilla-La Mancha no están sobreexplotados y que la decisión de ordenar su cierre se debe a una disputa entablada entre un alto cargo socialista y el duque del Infantado, propietario de latifundios en la región.