El juez Márquez inicia los trámites para actuar contra dos diputados socialistas

El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez, ha solicitado al Parlamento andaluz que le remita una certificación en la que se acredite la condición de parlamentarios de los diputados el PSOE Enrique Linde Cirujano y Antonio María Claret García, por su presunta implicación en el llamado caso de las tragaperras, una de las ramas del caso Juan Guerra.

La petición del juez Ángel Márquez, quien se encuentra en la última fase de instrucción de la totalidad de las ramas del caso Juan Guerra, está motivada por un escrito de la acusación particular, representada en el ca...

El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez, ha solicitado al Parlamento andaluz que le remita una certificación en la que se acredite la condición de parlamentarios de los diputados el PSOE Enrique Linde Cirujano y Antonio María Claret García, por su presunta implicación en el llamado caso de las tragaperras, una de las ramas del caso Juan Guerra.

La petición del juez Ángel Márquez, quien se encuentra en la última fase de instrucción de la totalidad de las ramas del caso Juan Guerra, está motivada por un escrito de la acusación particular, representada en el caso por Izquierda Unida (IU), que a mediados del pasado mes de diciembre solicitó al magistrado que imputara formalmente del delito de prevaricación a los dos parlamentarios.El letrado de IU, Manuel Fernández del Pozo, considera que Enrique Linde y Antonio María Claret García, quienes en 1988, cuando se modificó la normativa en materia de juego en Andalucía eran consejero y viceconsejero de Gobernación respectivamente, incurrieron en el citado delito como responsables de la consejería.

Fernández del Pozo explicó ayer que en su escrito se instaba al juez Ángel Márquez para que una vez que se acreditara la condición de diputados autonómicos de Linde y Claret se inhibiese en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y le remitiera todas las diligencias practicadas.

Hasta el momento, por la trama de las tragaperras se encuentran imputados formalmente por delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, el ex delegado de la Consejería de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, el director general del juego, Manuel Cortés, y el viceconsejero, Francisco de Paula Molina, además de Juan Guerra y del empresario Manuel Mora, propietario de Recreativos Astigi.

Información anticipada

Recreativos Astigi, es la sociedad que se benefició de la información anticipada del cambio de normativa en materia de juego que afectaba, a las máquinas recreativas, gracias a lo cual consiguió más de 350 licencias de tragaperras y obtuvo en su reventa posterior unos beneficios superiores a los 250 millones de pesetas, según las diligencias del sumario. La nueva legislación permitía la instalación de este tipo de máquinas en bares y cafeterías, posibilidad que la ley no permitía hasta 1987.La Brigada de Delitos Económicos de la Policía investigó estos hechos tras la denuncia del pago de comisiones por la información facilitada al empresario y detuvo al delegado de Gobernación Francisco Morillo y a Manuel Mora. Morillo, en libertad condicional bajo fianza de siete millones de pesetas fue posteriormente destituido de su cargo. El ex delegado reconoció ante el juez Márquez que había consultado con sus superiores la concesión de las licencias a Recreativos Astigi, que se constituyó un mes antes de obtenerlas.

Enrique Linde Cirujano es en la actualidad portavoz del grupo del PSOE en el Parlamento andaluz del que es diputado desde 1982, mientras que Antonio María Claret, diputado autonómico desde 1990, es secretario de organización de la comisión ejecutiva del PSOE andaluz.

De producirse la inhibición del juez Márquez en favor del TSJA, sería la tercera ocasión en la que este órgano judicial interviniera en el caso Juan Guerra. En las dos anteriores exculpó a los delegados del Gobierno en Andalucía del uso un despacho de su sede por parte de Juan Guerra y al ex concejal de Sevilla, Guillermo Gutiérrez de las imputaciones del caso Comasa.