El PNV exige fuertes inversiones y el cierre del proceso autonómico para pactar con el Gobierno

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) exigirá al PSOE -en el caso de que este partido requiera un pacto tras las próximas elecciones legislativas- un esfuerzo financiero del Estado en materia de infraestructuras para el País Vasco, el establecimiento de un calendario para cerrar el proceso autonómico de transferencias, la apertura de una vía específica vasca para las relaciones con Europa y una "salida inteligente" en materia terrorista. Convergència i Unió no preve elaborar una plataforma, pero exigirá el cumplimiento de compromisos económicos ya adquiridos por el Gobierno, como la cesión del 1...

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) exigirá al PSOE -en el caso de que este partido requiera un pacto tras las próximas elecciones legislativas- un esfuerzo financiero del Estado en materia de infraestructuras para el País Vasco, el establecimiento de un calendario para cerrar el proceso autonómico de transferencias, la apertura de una vía específica vasca para las relaciones con Europa y una "salida inteligente" en materia terrorista. Convergència i Unió no preve elaborar una plataforma, pero exigirá el cumplimiento de compromisos económicos ya adquiridos por el Gobierno, como la cesión del 15% del IRPF.

El PSOE se mantiene cauteloso sobre la orientación de su política de pactos tras las próximas elecciones legislativas. En la propia dirección del partido no hay posiciones homogéneas sobre el riesgo del "precio a pagar a los nacionalistas", e incluso hay un sector minoritario del mismo -entre los que se encuentra el ex ministro de Justicia Enrique Múgica- que es partidario de un acercamiento a Izquierda Unida (IU). Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 29 de diciembre, la ministra portavoz, Rosa Conde, destacó las buenas relaciones del Gobierno con los partidos nacionalistas tras el pacto parlamentario alcanzado con el PSOE en el recorte de los gastos electorales."El Gobierno hace una valoración muy positiva de estos acuerdos", dijo por dos veces la ministra portavoz. Era el primer guiño del Gobierno a los nacionalistas vascos y catalanes.El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, lo interpreta de este modo y adelanta que su partido no tiene intención alguna de entrar en el Gobierno, en el caso de recibir una oferta del PSOE, pero no se cierra a un pacto de legislatura, ante el que pondría como condición una plataforma de cuatro puntos.

Cuatro puntos

El acuerdo en las cinco transferencias que actualmente negocia el Gobierno vasco con el Ministerio para las Administraciones Públicas, entre las que destaca la competencia de obras hidráulicas y el establecimiento de un calendario par a la transferencia de las otras 50 competencias pendientes, entre las que cabe poner de relieve la creación de un banco central del País Vasco, es el primer punto.

El aumento de la inversión del Estado en materia de infraestructuras en el País Vasco y la cornisa cantábrica es el segundo punto. Anasagasti precisa que el PNV exigirá al Gobierno la financiación de la Y vasca -la conexión ferroviaria entre las tres provincias vascas, cuyo coste se estima en 150.000 millones-, el empalme por el ancho de vía del País Vasco con Francia, al igual que se ha hecho con La Jonquera, y la conexión de toda la cornisa cantábrica. "Lo que solicitamos es un tratamiento para la cornisa cantábrica similar al que ha dado al eje mediterráneo".

El establecimiento de un nuevo canal de comunicación entre el País Vasco y Europa es el tercer punto de la plataforma del PNV. Los nacionalistas vascos consideran insuficiente para sus intereses la actual. conferencia sectorial con Europa, en la que todas las comunidades autónomas coordinan y canalizan la política europea con el Ministerio para las Administraciones Públicas.Por último, el PNV propone una "salida inteligente" al reto terrorista, que se traduce en el mantenimiento de la solución dialogada con ETA.

Anasagasti cree que el escollo principal de la hipotética negociación con el PSOE estaría en su política autonómica, a la que califica de "centralista". "Desde 1987, el País Vasco no ha recibido ninguna transferencia", dice Anasagasti, y lo atribuye a que "el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, nos está pasando factura por habernos negado a suscribir el pacto autonómico". Sin embargo, Anasagasti opina que no cree que habría problemas en el tratamiento del problema de ETA.

La posición de Convergència i Unió (CiU) es más cautelosa. La coalición nacionalista catalana, en contraste con los nacionalistas vascos, no descarta su presencia en el futuro Gobierno. Pero, y sobre todo, las diferencias que al respecto mantienen el portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, marcarán en los próximos meses la posición de CIU. Roca dijo ayer: "Nos parece prematuro avanzar. una plataforma. Se verá lo que ocurre después de las elecciones, aunque habrá que medir bien el programa". Roca establece dos criterios básicos para una hipotética negociación: "El programa y la credibilidad que de la ejecución de un acuerdo pueda deducirse".

Roca anticipa también un criterio para una hipotética presencia de CiU en un Gobierno de coalición: "No voy a hacer todo lo que he dicho, pero no haré nada contra lo que he dicho".

Pese a que los nacionalistas catalanes se reservan el planteamiento de un programa, tienen claro que no se limitarán, como los nacionalistas vascos, a presentar "cuestiones de interés propio". Los nacionalistas catalanes plantean como cuestión fundamental a negociar "un compromiso en política económica".

En este sentido, Roca no suscribe la política económica del ministro socialista Solchaga desde 1989. "Solchaga fue un buen administrador hasta 1989, pero en estos momentos no mantiene una política industrial, de ahorro e inversión ni tampoco de competitividad", dice Roca.

Roca marca también la disensión con la actual política autonómica del Gobierno y la concreta en tres puntos acordados previamente con el Ejecutivo e incumplidos hasta ahora: la cesión del 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y la financiación de los Mossos d'Esquadra y de la Sanidad.