La nueva Comisión Europea da el visto bueno al fondo de cohesión

El fondo de cohesión aprobado en el Tratado de Maastricht y dotado en el Consejo Europeo de Edimburgo con 2,1 billones de pesetas para los próximos siete años recibió ayer el visto bueno de la Comisión Europea, reunida por primera vez después de su renovación. La Comisión lo presentará al primer Consejo de Ministros de Economía y Finanzas del año, el 18 de enero, para su aprobación definitiva. Hasta su puesta en marcha, el 1 de abril, se presentarán los proyectos y adjudicarán las ayudas.

En abril cada uno de los beneficiarios empezará a recibir las dotaciones, que en el caso de España ...

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El fondo de cohesión aprobado en el Tratado de Maastricht y dotado en el Consejo Europeo de Edimburgo con 2,1 billones de pesetas para los próximos siete años recibió ayer el visto bueno de la Comisión Europea, reunida por primera vez después de su renovación. La Comisión lo presentará al primer Consejo de Ministros de Economía y Finanzas del año, el 18 de enero, para su aprobación definitiva. Hasta su puesta en marcha, el 1 de abril, se presentarán los proyectos y adjudicarán las ayudas.

En abril cada uno de los beneficiarios empezará a recibir las dotaciones, que en el caso de España oscilan entre 780 y 870 millones de ecus (entre 109.200 y, 121.800 millones de pesetas) para 1993. La puesta en marcha del fondo está superando los pronósticos de los más optimistas. Todas las instituciones europeas están acelerando al máximo las gestiones para que los cuatro países beneficiarios de la cohesión (España, Portugal, Grecia e Irlanda) dispongan del dinero que exigieron en Edimburgo, en una operación de reequilibrio presupuestario de la CE que encabezó desde el primer momento Felipe González.El fondo de cohesión que se pone en marcha no es propiamente el de Maastricht, pues el Tratado no está todavía ratificado y no lo estará, probablemente, hasta después del verano, cuando lo debata y apruebe la Cámara de los Lores y firme la ratificación la Reina Isabel II, todo ello después de que los daneses también lo ratífiquen, si lo creen conveniente, en su referéndum de abril o de mayo. El fondo de Maastricht, además, necesita el informe previo de un organismo que todavía no existe, como es el Comité de las Regiones. Es muy probable que dicho Comité no esté funcionando hasta dentro de un año. Para que emitiera un informe, el comité debería estar constituido, formadas sus comisiones y aprobados sus reglamentos. Toda esta tarea puede llevar todavía más tiempo.

De ahí que los negociadores españoles se empeñaran en atar en Edimburgo la aprobación de un fondo de cohesión provisional, que funcionará mientras el Tratado no esté aprobado. La Comisión, presidida por Jacques Delors, aprobó ayer dos reglamentos, uno de creación del fondo y otro de creación del instrumento financiero que permitirá dotarlo. Ambos serán debatidos por los ministros de Economía y Finanzas cuando se encuentren por primera vez en 1993, bajo la nueva presidencia danesa, el próximo 18 de enero.

El nuevo texto de la Comisión introduce pocas novedades. Una de ellas es que los Estados miembros deberán comprometerse a no disminuir sus esfuerzos de inversión en infraestructuras y en medio ambiente. Se establece también que dejarán de recibir el fondo los países que superen la barrera del 90% de la renta per cápita comunitaria (actual condición para ser elegible como beneficiario) en el momento de la revisión del Tratado, que se efectuará en 1996.

También se establecen las condiciones de anulación del fondo por incumplimiento de los criterios de convergencia. El único criterio que queda finalmente contemplado es el déficit público. Si el Consejo de Ministros considera que un Estado tiene un déficit excesivo, se le podrá anular las ayudas. La suspensión, sin embargo, no podrá producirse antes de dos años de la entrada en vigor del Tratado, lo que significa asegurar para cualquier país la vigencia del fondo durante tres años (el corriente y los dos de plazo). La aplicación del reglamento del fondo necesitará el voto por mayoría cualificada del Consejo de Ministros.

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