Destituidos cuatro directivos de prisiones por irregularidades en las compras

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia destituyó anteayer a cuatro funcionarios presuntamente implicados en irregularidades en la gestión de los centros y trasladó a la fiscalía los expedientes por si hubiera materia delictiva. Entre los relevados figuran los directores de Puerto 2 y Herrera de la Mancha.

El Ministerio de Justicia no quiso dar detalles ayer sobre los motivos de la sustitución fulminante de los funcionarios, aunque el titular del departamento, Tomás de la Quadra-Salcedo, confirmó que guardan relación con cuestiones económicas...

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia destituyó anteayer a cuatro funcionarios presuntamente implicados en irregularidades en la gestión de los centros y trasladó a la fiscalía los expedientes por si hubiera materia delictiva. Entre los relevados figuran los directores de Puerto 2 y Herrera de la Mancha.

El Ministerio de Justicia no quiso dar detalles ayer sobre los motivos de la sustitución fulminante de los funcionarios, aunque el titular del departamento, Tomás de la Quadra-Salcedo, confirmó que guardan relación con cuestiones económicas. Otras fuentes penitenciarias precisaron que las investigaciones han girado en torno a la adquisición de alimentos y la contratación de tareas de mantenimiento en los dos centros penitenciarios.El ex director de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), José Nimo Bernal, había trabajado en la provincia de Cádiz hasta hace nueve meses. En esta última provincia ha sido relevado de sus funciones el director de Puerto 2, Miguel Angel Rodríguez Ortiz.

Otros dos funcionarios de Puerto 2 han sido destituidos. Se trata del subdirector encargado de seguridad, Juan José Hernández Ferrer, y el administrador del centro penitenciario, Isaac González López.

Las irregularidades descubiertas consistían en privilegiar desde puestos de responsabilidad de los centros penitenciarios a determinadas empresas montadas por una trama de familiares de los propios funcionarios o en las que éstos tenían intereses. De demostrarse estos hechos, podrían constituir delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (el mismo delito cuando media un beneficio económico para el funcionario prevaricador).

Juan Figueroa, vicepresidente nacional del sindicato Cuerpo de Ayudantes del Instituciones Penitenciarias (ACAIP), aseguró ayer que las presuntas irregularidades "las advirtió hace tiempo un funcionario de la junta de régimen y administración de la prisión de El Puerto 2, que descubrió que su firma había sido falsificada en un documento sobre provisión de alimentos, informa J. A. Hernández. Según Figueroa, "casi todas las prisiones andaluzas han comprado víveres a esas empresas".

Denuncia de UGT

La investigación inicial se abrió hace tres años tras una denuncia de la federación de servicios públicos del sindicato UGT. Las inspecciones internas de Instituciones Penitenciarias han arrojado como resultado que todos los funcionarios citados mantenían relación, directa o indirectamente, con empresas que se beneficiaban de contratos de suministro y mantenimiento, informa desde Cádiz Francisco José Román.Por otro lado, el Ministerio de Justicia remitió a la Fiscalía del Estado los informes de la inspección, basados en las auditorías realizadas a las cuentas del centro, por si del contenido de los mismos se desprendiese responsabilidad de los encausados. Las empresas relacionadas con los encausados, todas con sede en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, son centros de distribución de alimentos y elementos de mantenimientos de equipos. Según la nota difundida ayer por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los informes elaborados tras las inspecciones contables "detectaron presuntas irregularidades económico-administrativas en ambos centros".

La nota añade que el martes fue relevado también el director de la prisión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), aunque esta medida no guarda ninguna relación con las investigaciones sobre corrupción.