El sumario del 'caso Ollero' dice que el titular de Obras Públicas favoreció a Ocisa

El consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Juan López Martos, fue el responsable de la adjudicación de la carretera Las Pedrizas-Salinas a la empresa Ocisa, según se desprende de las declaraciones de Jorge Ollero que constan en el sumario de] caso, al que ayer tuvieron acceso los abogados de las acusaciones del PSOE, IU, y Partido Andalucista tras el levantamiento del secreto de las actuaciones.

Según uno de los letrados, Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras y a quien la policía le intervino 22 millones del presunto pago realizado por Ocisa para cons...

El consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Juan López Martos, fue el responsable de la adjudicación de la carretera Las Pedrizas-Salinas a la empresa Ocisa, según se desprende de las declaraciones de Jorge Ollero que constan en el sumario de] caso, al que ayer tuvieron acceso los abogados de las acusaciones del PSOE, IU, y Partido Andalucista tras el levantamiento del secreto de las actuaciones.

Según uno de los letrados, Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras y a quien la policía le intervino 22 millones del presunto pago realizado por Ocisa para conseguir la obra, declaró en el sumario que el consejero le ordenó a su hermano que negociara con Ocisa la oferta de la obra.Manuel Ollero responsabilizó también a López Martos el pasado jueves, según filtraciones de su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. El propio interesado desmintió el pasado viernes la presunta imputación mediante una nota pública en la que aclaraba: "No he inculpado, ni acusado a nadie, y menos al consejero".

Uno de los abogados presentes confirmó que en las diligencias abiertas están imputados Jorge y Manuel Ollero, Pedro Llach y Jesús Roa, por delitos tales como los de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. También afirmó que en las diligencias aparecen citados otros titulares de consejerías de la Junta de Andalucía, entre ellos el de Economía y Hacienda, Jaime Montaner. Asimismo, el letrado del PA, Julián Álvarez, reveló que además de Ocisa, en el sumario aparecen otras empresas.

Según confirmó este periódico el pasado 6 de agosto, la documentación que hizo pública la Junta de Andalucía para adjudicar el tramo de carretera Las Pedrizas-Salinas omitía el dato que permitió a la constructora Ocisa hacerse con el contrato, presupuestado en 2.854 millones de pesetas.

Financiación

En la declaración de Manuel Ollero ante la comisión parlamentaria, filtrada a los medios de comunicación, el ex director de carretera responsabilizó a López Martos de haberle ordenado que realizara un baremo sobre las condiciones de pago o financiación de la obra y llamara a Ocisa para que presentara una oferta ventajosa en ese aspecto. Sólo tres de las 32 empresas que concurrieron al concurso incluyeron en sus ofertas un capítulo sobre condiciones de financiación, aspecto del que dependía un tercio de la valoración para la adjudicación del proyecto.

José Joaquín Gallardo Rodríguez, Manuel Fernández del Pozo y Julián Álvarez, que representan, respectivamente, a las acusaciones del PSOE, IUy PA, repasaron ayer durante algo más de tres horas sólo uno de los seis tomos que conforman el sumario, que ocupa más de 6.000 folios, además de los que contienen la transcripción de una treintena de cintas magnetofónicas de conversaciones telefónicas intervenidas por la policía judicial.

Los letrados señalaron, tras concluir su trabajo, que era imposible hacer ninguna valoración global, dada la amplitud de las diligencias.

Los abogados sólo se llevaron a sus despachos algunas notas manuscritas que tomaron del contenido de las diligencias. El próximo lunes se determinará la forma en la que el juzgado entregará a las partes personadas en el caso -además de los abogados defensores y de las acusaciones de IU, PSOE y PA, están personados el Partido Popular, Comisiones Obreras y Ruiz Mateos- las fotocopias de las diligencias sumariales.

Los tres letrados comentaron que casi todo lo que habían leído en las actuaciones "era ya de dominio público" por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación desde que el 15 de julio fuera detenido Jorge Ollero.