El juez sienta en el banquillo al presidente de Endesa por la 'lluvia ácida' de Castellón

Feliciano Fuster, presidente de la empresa pública Endesa, propietaria de la central térmica de Andorra (Teruel), se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la contaminación por lluvia ácida de 200.000 hectáreas de monte en Castellón. Fuster -que "tuvo conocimiento de los hechos, sin que adoptará medidas tendentes a ponerles fin" según el juez- está acusado, junto a tres directivos de la central, de un presunto delito continuado contra el medio medio ambiente. Endesa, como responsable civil subsidiaria, debe depositar una fianza de 5.000 millones.

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Feliciano Fuster, presidente de la empresa pública Endesa, propietaria de la central térmica de Andorra (Teruel), se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la contaminación por lluvia ácida de 200.000 hectáreas de monte en Castellón. Fuster -que "tuvo conocimiento de los hechos, sin que adoptará medidas tendentes a ponerles fin" según el juez- está acusado, junto a tres directivos de la central, de un presunto delito continuado contra el medio medio ambiente. Endesa, como responsable civil subsidiaria, debe depositar una fianza de 5.000 millones.

En febrero pasado, el entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, impidió que la fiscalía de Castellón acusara a Fuster. Torres adoptó esta decisión en contra de la opinión mayoritaria de la junta de fiscales del Tribunal Supremo.El auto de apertura del juicio oral ha sido dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaroz (Castellón), José Luis Conde-Pumpido. El juez sólo ve "indicios de criminalidad" en la actuación de cuatro de los 16 acusados por la acción popular: el presidente de Endesa, Feliciano Fuster, y los directores técnicos de la citada central térmica José Luis Torá, Rafael Miranda y José Luis García Miguel.

El auto afirma, en sus fundamentos jurídicos, que no procede la apertura de juicio oral contra los demás miembros del consejo de administración de Endesa. "No tuvieron un efectivo conocimiento de los hechos, por no haber sido informados en profundidad por Fuster", explica el escrito.

Como medida cautelar, el juez ordena a Endesa que deposite una fianza de 5.000 millones de pesetas como responsable civil subsidiaria. El escrito precisa que los hechos enjuiciados pueden ser constitutivos de un delito continuado contra el medio ambiente. La pena por este delito puede superar los seis años de cárcel. Este extremo ha llevado al juez de Vinaroz, a trasladar las competencias sobre la causa a la Audiencia de Castellón, donde se celebrará el juicio.

La central térmica de Andorra (Teruel) fue abierta en 1979 para aprovechar los yacimientos de lignito -mineral con un alto contenido en azufre- de la zona. Pocos años después, un informe del Icona reveló que 75.000 hectáreas de bosque sufrían un avanzado proceso de degradación. Desde entonces, la hipótesis de la lluvia ácida ha' sido aceptada hasta por la Generalitat valenciana.

Las acusaciones solicitaron en su día la intervención en el juicio de un jurado popular; petición que ha sido rechazada por el juez: "La previsión constitucional tendente a reforzar la participación y confianza del

ciudadano'en la Administración de Justicia, no ha sido puesta en marcha por desidia de los poderes Ejecutivo y Legislativo", indica la resolución. Y añade: "Ante la falta de una regulación legal y no siendo quien provee proclive a realizar experimentos, por muy espectaculares que estos sean, y especialmente en un procedimiento que ya se ha dilatado excesivamente en el tiempo, no se accede a la solicitud".

En su resolución provisional, la fiscalía establece que la Dirección General de Industria elevó "irregularmente" los niveles de emisión de partículas sólidas y de dióxido de azufre de la central térmica para incrementar su producción.