Los madrileños afectados por el nuevo impuesto de actividades pagan el doble que el año pasado

Los tenderos, arquitectos, taberneros, abogados y demás profesionales y comerciantes de Madrid se han llevado un buen susto este mes. El Ayuntamiento les ha notificado lo que han de pagar por el nuevo impuesto de actividades económicas, tributo que promete: pasar a ser tan conocido como el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La cantidad que están desembolsando supone en la mayoría de los casos el doble de la que abonaban el año pasado. La norma afecta casi por igual al hotel Palace que a un bar de la caIle de la Ballesta (60.000 pesetas el año pasado y 300.000 ahora) o a una pizze...

Los tenderos, arquitectos, taberneros, abogados y demás profesionales y comerciantes de Madrid se han llevado un buen susto este mes. El Ayuntamiento les ha notificado lo que han de pagar por el nuevo impuesto de actividades económicas, tributo que promete: pasar a ser tan conocido como el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La cantidad que están desembolsando supone en la mayoría de los casos el doble de la que abonaban el año pasado. La norma afecta casi por igual al hotel Palace que a un bar de la caIle de la Ballesta (60.000 pesetas el año pasado y 300.000 ahora) o a una pizzería próxima al Santiago Bernabéu (47.000 en 1991 y 346.663 en 1992).Ya basta de que los únicos que paguen impuestos en este país sean los asalariados. Bajo esa loable idea y algunas más se diseñó el impuesto sobre actividades económicas, que sustituye a la licencia fiscal y al de radicación (el que se paga por el lugar y el espacio donde se ubica el negocio).El Gobierno delegó en los ayuntamientos la potestad de corregir las tarifas y recaudar el dinero. Como consecuencia de ello, abogados, arquitectos, médicos y taberneros de Madrid deben pagar ahora como mínimo el doble de lo que abonaron otros anos.

Detrás del Ayuntamiento de Madrid hay una calle estrecha, la del Sacramento, donde se pagan los impuestos municipales. Des de hace varios días, el edificio número cinco de esa calle es visitado cada mañana por más de 500 personas con sus carpetitas en la mano.

Piden número, esperan más de una hora de cola, se sientan ante una de las 18 ventanillas preparadas al efecto, y la mayoría pregunta: "¿Cómo es que el año pasado pagué equis dinero por la licencia fiscal y el de radicación y ahora me cuesta el doble?", o el triple, o hasta siete veces más. El intermediario de promoción de edificios, Eduardo Martín Montero, era uno de los que aguardaban su turno el pasado miércoles con los documentos en la mano. El año pasado pagaba 14.000 pesetas y ahora le piden 200.000.

Los ánimos se caldeaban en la cola, los contribuyentes acosaban a los bedeles y uno de ellos atajó el asunto. Se dirigió al despacho de la jefa de sección y le dijo: "O me compras un protector o yo me voy de aquí. Ahí fuera hay un señor que dice que quiere hablar con el jefe, y ya son siete los que me montan la bronca. Sólo soy un ordenanza, no tengo por qué aguantar esto".

De los 20.000 ciudadanos que han consultado su caso con los funcionarios, 900 interpusieron un recurso administrativo. Casi todos se encuentran abocados al fracaso, porque el impuesto es legal, aunque sea caro. En esto último es en lo que todos los responsables políticos coinciden, pero sólo padecen los agraviados.

El concejal de Hacienda, Fernando López Amor, sentado en una planta por encima de los airados contribuyentes, intenta dar una explicación y arguye que el nuevo tributo es un despropósito ideado por el Gobierno socialista, que el PP se opuso en si día al tributo y que el Ayunta. miento no tiene más remedio que gestionarlo ahora.

Dicho esto, al Ayuntamiento le quedaban dos posibilidades para gestionarlo: subirlo o congelarlo. Optó por subirlo. ¿Cómo? El Estado otorgó a los ayuntamientos la capacidad de fijar la categoría fiscal de las calles y -lo más importante- de establecer un índice corrector que puede incluso multiplicar la tarifa por 2.

Después de sumar las cantidades que impone el Gobierno por número de empleados, metros cuadrados del local, máquinas de juegos, número de vatios y muchos factores más, entran en juego el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Tras las citadas sumas, el Ayuntamiento multiplica el resultado por el índice fiscal de la calle.

Después, la Comunidad madrileña extrae un 40% de todo ello -el máximo permitido por la ley-, y el Ayuntamiento multiplica el total -sin excluir ese 40% y- por su índice propio, en este caso el 1,7.

El Ayuntamiento de Barcelona, de mayoría PSOE-IU, fijó el máximo (el 2) y provocó esta semana manifestaciones callejeras de casi 6.000 comerciantes. El de Madrid casi rozó el tope, pero se quedó en el 1,7. Eso era lo que sus estudios de simulación en ordenadores le habían indicado que sería óptimo.

El consejero de Hacienda, Ramón Espinar, también se amparó en sus estudios de simulación para fijar el máximo permitido. Así, con su 40% puede recaudar 2.000 millones de pesetas. "Es lo mismo que ingresamos el año pasado por las licencias fiscales", alega.

Resulta curioso, porque el Ayuntamiento argumenta que ignora aún cuánto va a recaudar. No sabe siquiera cuántos contribuyentes de los 350.000 que han de pagarlo en Madrid capital cumplirán con la ley. Si todos actuasen de forma lícita, el Ayuntamiento ingresaría 20.000 millones. Pero al desconocer el número de gente que pagará, tampoco sabe lo que ingresará. Tiene claro, eso sí, que el año que viene deberá incrementarse en un 7%.

A unos 100 metros del despacho del concejal López Amor se encuentra el del portavoz municipal de IU, Francisco Herrera, a la sazón uno de los más firmes partidarios del impuesto y también de los más críticos en cuanto a la forma en que el PP lo gestiona: el índice fiscal de las calles es "arbitrario"; el tipo del 1,7, "elevado", y la recaudación, chapucera".

Las calles se dividen en seis categorías impositivas. El Ayuntamiento de Madrid depreció un 80% de las que figuraban en la primera categoría del Monopoly de la ciudad. Pero eso se ha revelado insuficiente para evitar que el impuesto se disparase. Otras vías ascendieron de categoría en función de sus mejoras en servicios y comunicaciones.

La Cámara de Comercio e Industria, corporación bajo cuyo manto se amparan 400.000 afiliados, se opuso en su día a la creación del impuesto en sí, y ahora a la gestión que hace de él el Ayuntamiento del PP.

Los asesores fiscales de la Cámara han recibido más de 300 consultas, y están estudiando casos concretos de comerciantes a quienes la subida les supone más del doble sobre lo que pagaron el ano pasado.

La mayoría de los socios de la Cámara envían una copia de la licencia fiscal que pagaron el año pasado. Los letrados de este organismo piden también la fotocopia del impuesto de radicación para sumar los dos conceptos y cuantificar la diferencia respecto al nuevo. Lo que no terminan de comprender los agraviados es que el nuevo impuesto no sólo sustituye a la licencia, sino al de radicación. No obstante, este último gravamen no suele ser más costoso que la licencia.

La Cámara intenta que el Ayuntamiento no incremente para 1993 el tipo del 1,7 al 1,82, tal como pretende.

Los abogados de la Cámara, creen que, como mínimo, la mayoría de los ciudadanos está pagando estos días el doble que el año pasado. Francisco Herrera calcula que será un 70% más, pero el concejal de Hacienda aún no quiere avanzar ninguna cifra.

La Cámara no sacará a la calle a los industriales y comerciantes, pero el Ayuntamiento deberá cuidar sus relaciones con un organismo que agrupa a buena parte de sus electores.

Hay quien aprovecha la ocasión para no darse de alta en el censo de este impuesto y "sumergir" así de forma indefinida sus negocios. Contra ellos, el Ayuntamiento ha preparado un batallón de 60 inspectores fiscales dedicados a cruzar datos en el ordenador y sancionarles con arreglo a la ley estatal.