Afectados de la colza se plantan frente a la sede del PSOE en Madrid para exigir las indemnizaciones
Un despliegue de 14 furgonetas policiales flanqueó ayer los accesos a la sede PSOE en Madrid para impedir que se acercaran decenas de afectados por el síndrome tóxico. Los congregados exigen que el PSOE presione para que el Gobierno cumpla la promesa de recibirlos, hecha por el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, y para que se proceda cuanto antes a la concesión de indemnizaciones a los enfermos y sus familiares. Los tribunales reconocieron la comisión de 329 homicidios y fijaron indemnizaciones en torno al medio billón de pesetas.
Familiares y afectados por el env...
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Un despliegue de 14 furgonetas policiales flanqueó ayer los accesos a la sede PSOE en Madrid para impedir que se acercaran decenas de afectados por el síndrome tóxico. Los congregados exigen que el PSOE presione para que el Gobierno cumpla la promesa de recibirlos, hecha por el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, y para que se proceda cuanto antes a la concesión de indemnizaciones a los enfermos y sus familiares. Los tribunales reconocieron la comisión de 329 homicidios y fijaron indemnizaciones en torno al medio billón de pesetas.
Familiares y afectados por el envenenamiento con aceite de colza desnaturalizado hace 11 años llevan varios días apostándose frente a la sede nacional del PSOE en Madrid. Ayer, el acceso les fue impedido por unas 14 furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde, el partido del Gobierno tenía convocada una reunión ordinaria de su ejecutiva federal, a la que pertenecen los ministros de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray; de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, y el propio Felipe González.Los congregados -de Madrid y Valladolid- protestaban contra el Gobierno, a quien culpan de su desamparada situación. Según Fernando Lago, portavoz de una coordinadora de afectados, Virgilio Zapatero ha incumplido la promesa de abrir un diálogo con ellos. Lago asegura que Zapatero les puso como condición la elaboración de un informe sobre los afectados, que le fue remitido el 7 de septiembre. El día 21 le enviaron un telegrama para darle un plazo de 10 días, a partir de los cuales iniciarían movilizaciones si no recibían respuesta.
La situación de los concentrados se alteró por unos minutos cuando una mujer sufrió un ataque de nervios y otra, diabética, se desmayó. Josefa Novella decía: "Mi hija estuvo tres años en una silla de ruedas. Ella no quiere olvidarse de esto, pero yo le digo que su enfermedad ha sido muy penosa y no podrá ser mujer como las demás".
Sagrario Gaván, con 57 años y seis hijos, sufre mareos y no puede bostezar porque las mandíbulas se le encajan. Juana Romero García, su marido y su hija aún sufren secuelas: "Mi hija tiene 18 años, pero su radiografía la hacen parecer como si tuviera 70 años. Es inválida permanente y cobra 38.300 pesetas al mes".