Se acabó el recreo

SE ACABÓ el recreo: sobre todo para el Gobierno, que se enfrenta a un año electoral plagado de escollos. La situación económica es mala. No tanto como la que tuvo que afrontar Adolfo Suárez a fines de los setenta o la que se encontró Felipe González hace una década. Pero muy mala si se compara con las expectativas abiertas en amplios sectores de la población por el periodo de crecimiento iniciado a fines del año 1985 y cuyos efectos se han prolongado hasta fines del pasado. Esa distancia entre expectativas subjetivas y realidades palpables explica las reacciones de despecho reveladas en las en...

SE ACABÓ el recreo: sobre todo para el Gobierno, que se enfrenta a un año electoral plagado de escollos. La situación económica es mala. No tanto como la que tuvo que afrontar Adolfo Suárez a fines de los setenta o la que se encontró Felipe González hace una década. Pero muy mala si se compara con las expectativas abiertas en amplios sectores de la población por el periodo de crecimiento iniciado a fines del año 1985 y cuyos efectos se han prolongado hasta fines del pasado. Esa distancia entre expectativas subjetivas y realidades palpables explica las reacciones de despecho reveladas en las encuestas: no sólo el crecimiento del rechazo de la política económica del Gobierno, sino la aparición de un amplio sector que opina que el ingreso en la Europa comunitaria ha traído más males que bienes.En esas condiciones, el Gobierno tendrá dificultades adicionales para convencer a la gente de la necesidad de una política orientada prioritariamente a reducir el déficit público (lo que sustancialmente significa limitación de los servicios prestados por el Estado sin que se rebajen proporcionalmente los impuestos). Los socialistas conservaron la mayoría en 1986 porque convencieron a la gente de que la política de ajuste desplegada en los años anteriores era imprescindible para garantizar el crecimiento futuro, y en 1989 porque la economía española se encontraba todavía en ese futuro. Pero el crédito del equipo económico es ahora bastante más reducido, por más que fuera precisamente Solchaga quien se opuso a ciertos gastos (que ahora se califican de despilfarros) a los que se culpa del desequilibrio producido en las cuentas del Estado. Tal vez debió irse cuando sus propuestas de recorte presupuestario para 1992 fueron derrotadas. En cualquier caso, no parece probable que González, su avalista máximo, prescinda de él; no, al menos, sin mediar unas elecciones.

Esa proximidad de las urnas hace más problemáticos, por, otra parte, los apoyos externos: Pujol y Arzalluz han dejado claro no sólo que se abstendrán de respaldar sistemáticamente a los socialistas de aquí a las elecciones, sino que venderán caro su apoyo al hipotético Gobierno de coalición que pudiera resultar de ellas. Ese precio plantea algunos problemas relacionados con el principio de alternancia política. Si el PSOE resultase la minoría mayoritaria, entra dentro de la lógica que intentase una alianza con los nacionalistas. La cuestión es si sería legítimo intentar esa alianza en el caso de que fuera el Partido Popular el mayoritario, pero no tanto como para imponerse a un pacto del PSOE con los nacionalistas.

Una puja por el favor de éstos podría tener efectos distorsionadores para el equilibrio político. Si la alternativa lógica a un Gobierno socialista es uno de centro-derecha, y a ese espectro genérico pertenecen los partidos de Arzalluz y Pujol, no parece lógico entorpecer su posible acuerdo tras una derrota del PSOE. La actitud de los socialistas ante esa cuestión resultará muy reveladora del espíritu con que acogerán su salida del poder el día en que ello se produzca.

De momento, resultan poco alentadoras reacciones como la de Rosa Conde al considerar contrarias a los intereses nacionales las discrepancias expresadas por algunos líderes de la oposición con la decisión de no devaluar la peseta. Debates pendientes, como el que precederá a la convalidación parlamentaria del Tratado de Maastricht, el de la ley de huelga o el de la reforma del Código Penal, requieren un talante bastante diferente al que esa torpe identificación refleja.

Pero también ha sonado la hora de la verdad para ese proyecto de centro-derecha que aspira a encamar Aznar. Ya ha demostrado que es un opositor implacable. Ahora tiene ocasión de probar también que es un político responsable, capaz de ganarse la confianza del electorado moderado y de superar el tantas veces evocado cantonalismo del centro-derecha. Pero después de lo ocurrido en Cantabria (por no hablar de Burgos), lo de estos días en Navarra a propósito de la autovía amenazada por ETA le habrá dado ocasión de comprobar que aglutinar fuerzas es algo más que aglomerar nombres y siglas.