La oposición cree que la medida beneficiará al PSOE

Los partidos de la oposición son unánimes en sus críticas a la intención del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de dar instrucciones a los fiscales para que se opongan a las querellas políticas sin fundamento.Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida, cree que la decisión es fruto del nerviosismo del PSOE por el caso Ollero, en el que su grupo se ha personado como acusador particular. "La gente tiene la sensación de que el Partido Socialista está presente en todas las instituciones y cualquier iniciativa que se lleve ante ellas se estrella. Se recurre a la Justicia porque cree que ...

Los partidos de la oposición son unánimes en sus críticas a la intención del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de dar instrucciones a los fiscales para que se opongan a las querellas políticas sin fundamento.Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida, cree que la decisión es fruto del nerviosismo del PSOE por el caso Ollero, en el que su grupo se ha personado como acusador particular. "La gente tiene la sensación de que el Partido Socialista está presente en todas las instituciones y cualquier iniciativa que se lleve ante ellas se estrella. Se recurre a la Justicia porque cree que allí se le va a atender".

Aunque admite que se ha abusado en algunos casos, Romero pide al fiscal del Estado o al Gobierno que expliquen en qué ocasiones se ha utilizado a los tribunales con fines políticos: "Que digan en qué casos se han judicializado cuestiones políticas. Somos partidarios de que los temas políticos se resuelvan en los Parlamentos, pero si no lo hacen o se encuentra intención dolosa o criminal en determinadas actuaciones, hay que recurrir a la Justicia".

Casos de corrupción

El diputado de IU cree que muchos escándalos de corrupción vinculados al PSOE, como el caso Ollero o el de Juan Gue.rra, en los que su grupo ejerce la acusación particular, deben abordarlos los tribunales porque llevan implícito un carácter doloso, penal."No es verdad que se tramiten ante la Justicia por un intento de judicializar la vida política española. Sinvergüenzas los ha habido siempre en torno al poder, pero éste tiene que actuar con energía para frenar las prácticas de corrupción. El PSOE no lo ha hecho; en el caso Guerra tardó un año en reaccionar y en el caso Ollero ha sido el propio interesado el que ha dimitido después de unos titubeos. Son casos de corrupción donde las responsabilidades políticas se confunden con las criminales".

Por su parte, el presidente del Centro Democrático y Social (CDS),'Rafael Calvo Ortega, considera %nnecesaria" la medida. "El ordenamiento jurídico ya tiene su sistema de reaéción y, sino hay,indicios de delito, no se admite una querella", señaló Calvo Ortega.

"Tan malo es que la política se judicialice, como que la judicatura se politice7, afirmó Calvo Ortega. El CDS, cuya comisión permanente se reunirá hoy para abordar diversos temas, entre los. que figuran los proyectos de Eligio Hernández, considera que, no debe modif icarse la citada cuestión. .

Respecto al deseo del fiscal del Estado de asumir la dirección de la Policía Judicial, el presidente del CDS se M'ostró contrario: "Deben seguirla dirigiendo los jueces". Tampoco ve necesaria la intervención de los fiscales para aplicar mejor la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Partido Popular considera "cuando menos inoportunas" las declaraciones del fiscal "en los tiempos que vivinios", en opinión de su vicesecretario general, Mariano Rajoy. "¿Qué se pretende, que determinados casos queden impunes? Los más importantes -Ceres, Filesa, Ollero...- han sido como mínimo dudosos. Habrá que pedir que precise sus declaraciones.

Puede interpretarse que no se quiere que haya acusaciones públicas, pero cuando a un sefior se le pilla con 22 millones en la cartera ¿éso es denuncia de políticos?". Rajoy afirma que la váloración de Jos posibles delitos corresponde hacerla a los jueces y no al fiscal general Eligio Hernández, cuya función es defender a los ciudadanos. Si la denuncia carece de fundamento, se puede recurrir por delito infundado.

No fue posible conocer la opinión del PSOE, ya que en la sede del partido no se encontraba ayer por la tarde ningún miembro de la Ejecutiva ni persona autorizada para opinar.