Sólo el 8% de municipios con más de 25.000 habitantes sigue la Ley del Suelo

Tan sólo el 8% de los municipios españoles con más de 25.000 habitantes han utilizado las prerrogativas que les da la Ley del Suelo hasta el 1 de junio pasado, según los datos que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La Ley del Suelo fue aprobada en 1990 y acaba de ser refundida con el resto de la legislación sobre la materia (leyes del 1956 y 1975) en un nuevo texto legislativo que ha entrado en vigor esta semana.

El director general del Instituto de Territorio y Urbanismo, Antonio Serrano, aprovechó un seminario en el que detalló el contenido del texto refundid...

Tan sólo el 8% de los municipios españoles con más de 25.000 habitantes han utilizado las prerrogativas que les da la Ley del Suelo hasta el 1 de junio pasado, según los datos que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La Ley del Suelo fue aprobada en 1990 y acaba de ser refundida con el resto de la legislación sobre la materia (leyes del 1956 y 1975) en un nuevo texto legislativo que ha entrado en vigor esta semana.

El director general del Instituto de Territorio y Urbanismo, Antonio Serrano, aprovechó un seminario en el que detalló el contenido del texto refundido para recordar que sólo 23 de los 274 municipios españoles con más de 25.000 habitantes ya habían adaptado sus planes urbanísticos a las directrices de la ley de 1990. No obstante, matizó que "sabemos que hay muchos otros que ya lo están haciendo".La Ley del Suelo de 1990 está recurrida ante el Tribunal Constitucional por cinco comunidades autónomas (Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla León y Aragón) y por el Parlamento de Navarra. La base de este recurso es la reclamación de mayores competencias por parte de las autonomías. El texto refundido también cuenta con reticencias por parte de estas comunidades, aunque tan sólo Cataluña ya ha anunciado públicamente que recurrirá.

Dentro de esta nueva legislación, que en realidad asume las líneas maestras de la realizada en 1990, destaca una medida destinada a frenar la especulación. En concreto, se faculta a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas (en segunda instancia) a expropiar al 50% de su valor catastral terrenos que no hayan cumplido cualquier fase de urbanización en el tiempo especificado en la correspondiente licencia. Serrano explicó que "así los ayuntamientos pueden acabar con la especulación". Otro de los aspectos más polémicos del texto refundido de la Ley del Suelo consiste en la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico de cualquier proyecto a los ayuntamientos correspondientes.