El Colegio de Arquitectos acusa al Ayuntamiento de especular con las viviendas que rehabilita

Una familia pobre vive en una casa en ruinas que necesita obras. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) no le autoriza a ejecutar las obras que necesita, y cuando da el permiso los costes son tan elevados que los vecinos no pueden afrontarlos. Conclusión: los vecinos venden al Ayuntamiento las casas a muy bajo precio y éste se beneficia de una acción especuladora. Ésa fue una de las conclusiones de un informe que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha remitido al juzgado el pasado mes de abril. Éste método, según el colegio, se repitió en numerosas ocasiones en 1989.

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Una familia pobre vive en una casa en ruinas que necesita obras. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) no le autoriza a ejecutar las obras que necesita, y cuando da el permiso los costes son tan elevados que los vecinos no pueden afrontarlos. Conclusión: los vecinos venden al Ayuntamiento las casas a muy bajo precio y éste se beneficia de una acción especuladora. Ésa fue una de las conclusiones de un informe que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha remitido al juzgado el pasado mes de abril. Éste método, según el colegio, se repitió en numerosas ocasiones en 1989.

Durante aquel año, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda fue Jesús Espelosín, del PSOE. Pero al siguiente año, con Luis Álvarez al mando de la compañía, las cosas no cambiaron gran cosa, según informaron fuentes del colegio.De hecho, lo que dio lugar al citado informe fue la querella que presentó el constructor Christian Jiménez hace dos años, cuando el vicepresidente de la EMV era Luis ÁIvarez, ex concejal del PP que fue retirado de las últimas listas electorales.

Jiménez denunció que en la Empresa Municipal de la Vivienda se ejerció favoritismo sobre varias constructoras en detrimento de la suya, que quedaba discriminada en la mayoría de las obras de rehabilitación. Como consecuencia de ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 19 encargó al Colegio de Arquitectos un informe cuya elaboración ocupó a ocho personas durante seis meses trabajando 12 horas diarias. El estudio ocupa más de 600 folios y sólo las conclusiones del mismo abarcan un total de 96 páginas.

Falta de medios

En la última de ellas, el colegio aclara que la investigación tuvo que ser interrumpida porque, según indicó ayer una fuente del mismo, las indagaciones que debían realizarse escapaban a los medios humanos y legales con que cuenta.No obstante, en las conclusiones ya se realizan acusaciones, con nombres y apellidos, de suma importancia. La autora del estudio, Ana María del Águila, redactó en una de las últimas páginas: "En las viviendas relacionadas anteriormente la titularidad no corresponde plenamente a la EMV y parece que la empresa ha utilizado medios tendentes a la progresiva degradación de la propiedad y hacerse con el control del dominio en su totalidad y a bajo precio". Esto le permitiría al Ayuntamiento disponer de presupuestos elevados a costa de lo poco que paga por las casas que en muchas ocasiones ha dejado arruinar, según el colegio.

En el estudio que obra en disposición del juez desde el pasado mes de abril, el colegio asegura que la EMV "incitaba el celo" de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que enviase a sus inspectores hacia aquellas fincas en que se encontraba interesada. Así, los inspectores municipales requerían a los propietarios para que iniciaran importantes y costosas obras de conservación del edificio. Obras "cuyos vecinos no pueden afrontar por sus normalmente escasos recursos, agravándose su precaria situación económica con las multas impuestas por los retrasos en dichas reparaciones ( ... )".

Ejecuciones sustitutorias

En el informe se cita el caso concreto de la finca Santiago el Verde, donde, según el colegio, el arquitecto de la EMV Pablo Díaz Baruque coaccionó a los vecinos bajo la amenaza que suponía ejercer la ejecución sustitutoria para obligarles a vender sus inmuebles. La ejecución sustitutoria consiste en que el Ayuntamiento realiza las obras que el propietario se niega a emprender y después le pasa la factura al particular.Las irregularidades denunciadas por el colegio se efectúan bajo el mandato del socialista Jesús Espelosín y del popular Luis Álvarez. Así, la responsable del informe denuncia que en 1989 la EMV contrata a dos arquitectas (Ana Neyeloff y Victoria Durini) que no están colegiadas. Y durante el mandato de Álvarez denuncia la falsificación de los datos que aparecen en la memoria de gestión sobre varias obras.

El constructor Christian Jiménez, militante del PP, indicó ayer que los actuales responsables de la EMV deben responder sobre las medidas que no han querido tomar para destituir a muchos responsables de las irregularidades denunciadas por el Colegio de Arquitectos de Madrid.

Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el actual responsable de la EMV, Enrique Villoria, concejal de Obras.