Los ayuntamientos quieren asumir parte de las competencias autonómicas

Los ayuntamientos quieren tener una mayor capacidad de decisión en la vida ciudadana y acabar con la tutela de las comunidades autónomas. Para ello, iniciarán una ofensiva a partir del próximo mes de septiembre que les permita alcanzar acuerdos con el Gobierno y las propias comunidades y asumir parte de sus competencias antes de 1997. El presidente de la Federación de Municipios, Francisco Vázquez, mencionó en este sentido la política de vivienda, urbanismo, deporte y servicios sociales.La FEMP pretende conseguir un reparto de la tarta del gasto público del 50%-25%-25% para cada una de las tre...

Los ayuntamientos quieren tener una mayor capacidad de decisión en la vida ciudadana y acabar con la tutela de las comunidades autónomas. Para ello, iniciarán una ofensiva a partir del próximo mes de septiembre que les permita alcanzar acuerdos con el Gobierno y las propias comunidades y asumir parte de sus competencias antes de 1997. El presidente de la Federación de Municipios, Francisco Vázquez, mencionó en este sentido la política de vivienda, urbanismo, deporte y servicios sociales.La FEMP pretende conseguir un reparto de la tarta del gasto público del 50%-25%-25% para cada una de las tres Administraciones. Tras el pacto autonómico la distribución es del 51 % para el Estado, 34% para las comunidades autónomas y el 15% restante para los Ayuntamientos, según Vázquez.

Los Ayuntamientos quieren que su propuesta sea una realidad antes del 1 de enero de 1997, fecha que coincide con el inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria de la Comunidad Europea (moneda única y un solo banco central). Para el presidente de la FEMP aumentar el techo competencial de los municipios será un "elemento importante" para que los Ayuntamientos contribuyan a cumplir uno de los principales objetivos del plan de convergencia, al déficit público en el 1% del PIB en 1997.

Vázquez realizó estas declaraciones tras firmar un acuerdo con Hacienda que deja zanjada la polémica sobre la liquidación del presupuesto de 1990. Según este acuerdo, el Estado transferirá "de forma inmediata" a los Ayuntamientos los 25.000 millones de pesetas que les adeuda y una cantidad similar en relación a 1991 en septiembre.