El Banco de España planteó serias dudas sobre la viabilidad de Ibercorp antes del escándalo

Los inspectores del Banco de España llegaron el 6 de febrero a la convicción de que "existían serias dudas sobre la viabilidad del proyecto Ibercorp", según señalan en las conclusiones del informe que finalizaron en esa fecha, seis días antes de que estallara el escándalo. Otra conclusión significativa es que "la actividad principal del grupo -atendiendo a los resultados que genera- es la especulación y sostenimiento de cotización de las propias acciones". Este informe de la inspección del Banco de España sobre Ibercorp, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y cuyo contenido fundamental se reproduc...

Los inspectores del Banco de España llegaron el 6 de febrero a la convicción de que "existían serias dudas sobre la viabilidad del proyecto Ibercorp", según señalan en las conclusiones del informe que finalizaron en esa fecha, seis días antes de que estallara el escándalo. Otra conclusión significativa es que "la actividad principal del grupo -atendiendo a los resultados que genera- es la especulación y sostenimiento de cotización de las propias acciones". Este informe de la inspección del Banco de España sobre Ibercorp, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y cuyo contenido fundamental se reproduce a continuación en exclusiva, había levantado numerosas especulaciones por considerarse clave para la comprensión exacta de los acontecimientos.

El informe realizado por los inspectores del banco emisor refleja una realidad mucho más comprometida de la situación de Ibercorp que la descrita el 20 de febrero por el gobernador del Banco de España, Maríano Rubio, en el Congreso, donde dijo que "el banco estaba en perfecto estado". Aunque el gobernador se refirió al banco y el informe al grupo, el panorama dibujado por la inspección sobre el conjunto Ibercorp pone al descubierto un cúmulo de irregularidades que en el Congreso no se mencionaron.El citado informe de la inspección ha sido enviado la semana pasada al juzgado que tramita las querellas presentadas contra el gobernador, Mariano Rubio, y los propietarios de Ibercorp, Manuel de la Concha y Jaime Soto, entre otros, por presuntos delitos de falsificación. La inspección fue realizada para verificar los estados contables del Banco Ibercorp con motivo del proyecto de fusión del mismo con las sociedades Grupo Financiero Ibercorp y Sistemas Financieros (SF).

Un claro riesgo

Dicha fusión, solicitada a Hacienda en enero de 1991, se planteaba como una absorción por parte del banco del patrimonio de las citadas sociedades. El objetivo de la autoridad monetaria era verificar la calidad de los activos y pasivos de las sociedades absorbidas para conocer la situación patrimonial del banco resultante.

Además de las irregularidades citadas, los inspectores concluyen también que, "si bien los recursos propios computables del grupo aún son superiores al mínimo necesario, su evolución negativa (consecuencia de las actividades especulativas y de sostenimiento de las cotizaciones) representa un claro riesgo en cuanto al mantenimiento de dicha suficiencia".

Y a eso los inspectores añaden: "La prevista incorporación al banco de la sociedad de valores Ibercorp, Bolsa (con resultados negativos de explotación) agudizará esta situación".

El informe desvela que antes de aprobarse la fusión ya existía un dominio político total del Grupo Financiero Ibercorp sobre Sistemas Financieros -la sociedad en donde estalló el escándalo- mediante un contrato de gestión y administración por el que el primero percibía una retribución anual del 2,5% del patrimonio neto de Sistemas. Por esta razón los inspectores incluyeron a esta sociedad en la determinación de los recursos propios del grupo.

El caso Ibercorp estalló al descubrirse una serie de irregularidades en su sociedad participada Sistemas Financieros. Esta última, que cotizaba en Bolsa, fue requerida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que entregara la lista de vendedores de acciones al sospechar que se había generado una importante autocartera (compra de acciones propias, prohibida cuando supera el 5% del total).

En las listas enviadas a la Comisión de Valores se descubrió que algunos nombres de personas relevantes, como el ex ministro de Economía Miguel Boyer, y su esposa, Isabel Preysler, aparecían sólo en iniciales y con el número del DNI. Mientras que en otro, el de Mariano Rubio, se había omitido completamente el nombre. La divulgación de estos hechos y el conocimiento de la amistad entre estas personas y uno de los propietarios del banco, Manuel de la Concha, despertaron todo tipo de críticas. Ello provocó una investigación de la CNMV y una docena de expedientes contra los directivos de Ibercorp, algunos por causas muy graves (simulación de transferencias, interposición de personas, trato discriminatorio y modificación de precios).