De sentido común

HAY DECISIONES que al ser tomadas a destiempo corren el riesgo de perder su virtualidad. Eso puede sucederle al pronunciamiento adoptado por el Partido Popular (PP) a favor de la dimisión del alcalde de Burgos, José María Peña, cuatro días después de producida su condena por un delito continuado de prevaricación y otro de revelación de secretos. Sin duda, el apoyo obstinado a un alcalde condenado por un tribunal de justicia por actos atentatorios al recto ejercicio de sus funciones públicas estaba tan fuera de lógica que la decisión, aunque tardía, del PP de retirarle su confianza constituye u...

HAY DECISIONES que al ser tomadas a destiempo corren el riesgo de perder su virtualidad. Eso puede sucederle al pronunciamiento adoptado por el Partido Popular (PP) a favor de la dimisión del alcalde de Burgos, José María Peña, cuatro días después de producida su condena por un delito continuado de prevaricación y otro de revelación de secretos. Sin duda, el apoyo obstinado a un alcalde condenado por un tribunal de justicia por actos atentatorios al recto ejercicio de sus funciones públicas estaba tan fuera de lógica que la decisión, aunque tardía, del PP de retirarle su confianza constituye una sabia rectificación. Pero la falta de reflejos y la sensación de que el paso dado no ha sido espontáneo, sino producto de las más variadas presiones, neutralizan en gran medida los efectos beneficiosos -políticos y de imagen- que se hubieran derivado de una reacción inmediata y contundente.Lo ocurrido en el seno del PP en las 96 horas transcurridas desde el viernes de la pasada semana, en que José María Aznar, su máximo dirigente, manifestó su apoyo al alcalde condenado, al lunes de la actual, en que decidió pedir su dimisión, es algo que no desvela el comunicado que da cuenta de la rectificación. Sin duda, a lo sucedido hay que atribuirle una trascendencia política indudable, de efectos posiblemente retardados, si se tiene en cuenta la fuerte división de opiniones provocada por la condena en la cúpula dirigente del PP. Lo que ha trascendido es que la en un principio tolerante actitud del líder del PP, producto seguramente de su mejor conocimiento de la situación derivado de la época en que ejerció responsabilidades políticas en Castilla y León, no ha podido finalmente ser mantenida ante la opinión en contra de significados miembros de la dirección.

A la postre, lo que se ha impuesto en el PP es la convicción de que lo que estaba en juego era algo mucho más importante que una alcaldía. ¿Cómo compaginar la complacencia ante un caso de conducta prevaricadora de uno de su cargos públicos, evidenciada por un tribunal de justicia tras un juicio con todas las garantías, con la estrategia anticorrupción que constituye la punta de lanza de la alternativa política que presentan al electorado? Sin duda, la contradicción era tan flagrante que hubiera resultado imposible mantenerla por mucho tiempo sin riesgo de enfrentamientos en el seno del partido y de desconcierto en una parte sustancial de su electorado.

La cuestión es si la rectificación de su tibieza inicial le va a bastar al PP para recuperar la credibilidad de su mensaje regeneracionista, y a su líder, José María Aznar, para recomponer la titubeante imagen . que ha mostrado ante el desafio de la sentencia de Burgos. ¿Cómo no mantener prevenciones frente a la sinceridad del discurso moralizador de un partido que ante un caso demostrado de corrupción en su entorno duda de si hay que condenarlo o pasarlo por alto?

Cuando se lee el relato de hechos probados de la sentencia, sintetizados en la puesta del poder político del edil condenado, y de algunos concejales, al servicio de los intereses del constructor Antonio Méndez Pozo, causa extrañeza que el PP haya necesitado cuatro días para pedir su dimisión. Como es incomprensible que pretenda públicamente minimizar estos hechos, caracterizados por la prevaricación continuada, la revelación privilegiada de secretos y la- falsedad en documentos públicos y privados, con la descabellada hipótesis de que no han causado daño a terceros. Además de a los querellantes -empresarios, asociaciones de vecinos y organizaciones sindicales-, es obvio que han causado un perjuicio evidente a los intereses generales de Burgos en la medida en que han beneficiado ilegalmente a un determinado contructor.