Los traficantes informáticos tenían datos de viudas, enfermos y de 1.400 pilotos

Una lista de viudas de toda España, datos de los niños nacidos en los dos últimos años, información médica sobre. pacientes del hospital Primero de Octubre de Madrid y datos de diversa naturaleza de 1.400 pilotos de Iberia son algunos de los contenidos de los archivos informatizados de la red de traficantes descubierta en enero por la policía. Hasta 50 datos sobre 21 millones de españoles figuran en las diligencias a las que ha tenido acceso la acción popular, ejercida por la Comisión de Libertades e Informática (CLI).

La CLI, que está representada en este caso por el abogado y catedrát...

Una lista de viudas de toda España, datos de los niños nacidos en los dos últimos años, información médica sobre. pacientes del hospital Primero de Octubre de Madrid y datos de diversa naturaleza de 1.400 pilotos de Iberia son algunos de los contenidos de los archivos informatizados de la red de traficantes descubierta en enero por la policía. Hasta 50 datos sobre 21 millones de españoles figuran en las diligencias a las que ha tenido acceso la acción popular, ejercida por la Comisión de Libertades e Informática (CLI).

La CLI, que está representada en este caso por el abogado y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, entiende que la conducta de Joaquín González López, titular de la empresa Publigest, que fue detenido en Madrid con otras 10 personas el pasado enero, tiene carácter delictivo. González López y el resto de los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente por orden del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles (Madrid). Ahora se encuentran a la espera de nuevos testimonios y de que se señale la vista oral o que, por el contrario, se archive el caso.A juicio de la CLI existen también evidencias de la intromisión ilegítima en la intimidad de 21 millones de españoles, de la ilicitud del tráfico de datos personales realizados por González y de la responsabilidad objetiva del Estado por su pasividad legisladora y por la ausencia de seguridad en la confidencialidad de los datos personales que posee.

Según las diligencias se deduce, en opinión del abogado López Garrido, que la mayor parte de los datos que manejaba la red de tráfico procedían de archivos públicos en manos de la Administración. En las diligencias aparece también el nombre de varios funcionarios que, según la CLI, no se han investigado suficientemente hasta el momento entre otras razones porque no se le dan medios suficientes para ello a la policía.

Incluso se cita el ofrecimiento de dinero a funcionarios por parte de quienes comercian con datos y el caso de un grupo político extraparlamentario al que se le propone presentarse a las elecciones con objeto de obtener el censo.