Transparencia

LA RESOLUCIÓN, el pasado lunes, del Consejo Ejecutivo del Banco de España de intervenir el Banco Ibercorp, acompañada de la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que decidió ayer, martes, la misma medida cautelar en las tres empresas de gestión y Bolsa del grupo, plantean una nueva serie de importantes interrogantes sobre un asunto en el que la cualificación de algunos de los nombres presuntamente implicados le confiere una proyección nacional e internacional infrecuentes.La intervención del banco emisor no es sino la aplicación de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las ...

LA RESOLUCIÓN, el pasado lunes, del Consejo Ejecutivo del Banco de España de intervenir el Banco Ibercorp, acompañada de la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que decidió ayer, martes, la misma medida cautelar en las tres empresas de gestión y Bolsa del grupo, plantean una nueva serie de importantes interrogantes sobre un asunto en el que la cualificación de algunos de los nombres presuntamente implicados le confiere una proyección nacional e internacional infrecuentes.La intervención del banco emisor no es sino la aplicación de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la que se faculta al banco central a ejercer la supervisión de las decisiones que adopten los órganos de gobierno del banco intervenido. Es evidente que el hecho diferencial de la crisis de Ibercorp con respecto a las más de cincuenta que se han producido hasta la fecha es la vinculación, en calidad de sujeto pasivo, del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en una de las operaciones de venta de valores de una de las sociedades del grupo. Es, sin duda, lo que explica la repercusión internacional del episodio y, lamentablemente, el deterioro de la imagen que proyecta una parte del sistema financiero español. De ahí la urgente necesidad de acceder públicamente a un grado de transparencia e información de todo el proceso de Ibercorp que sirva para rebatir de una vez por todas cualquier sospecha de árbitrariedad y credibilidad.

No obstante, la intervención de Ibercorp, sin prejuicio de lo acertado de su aplicación a este caso, no reduce la inquietud sobre el alcance del episodio que emergió como una mera anomalía en el suministro de información a la CNMV y amenaza hoy con dañar la credibilidad del sistema. Esta inquietud se encuentra alimentada por no pocas cuestiones sin respuesta: la primera surge en relación al momento de intervención. ¿Por qué no se produjo antes? ¿Era posible deducir de la información disponible por los servicios de inspección del Banco de España y por la CNMV la situación en que ha desembocado el citado grupo financiero, o la principal causa de sus males proviene del deterioro experimentado a raíz del conocimiento público de las irregularidades y, por tanto, de la pérdida de confianza de sus clientes en las últimas semanas? ¿Existen otras razones adicionales a las meras cautelas en que se fundamenta la intervención decidida? Interrogantes todos ellos que aconsejan acelerar al máximo el procedimiento investigador abierto en la CNMV -de una lentitud exasperante- y la clarificación por parte del Banco de España.de la situación exacta en que se encuentra Ibercorp.

Celeridad y transparencia hoy tanto más necesarias cuanto que las instituciones, en primer lugar, y el resto de las entidades financieras están expuestas a una contaminación sin precedentes en la historia reciente, del sistema. La actitud de algunos de los grandes bancos españoles ante la crisis pone de manifiesto la singularidad de la misma y la debilidad de ese vínculo no escrito en el seno de la comunidad bancaria que implicaba, anteriormente, la contribución al salvamento de entidades en dificultades. Los obstáculos en la venta de Ibercorp, en la que tan activamente ha participado el gobernador, justificaron, a juicio del Consejo Ejecutivo del Banco de España, su intervención. Siguen permaneciendo, naturalmente, muchas zonas oscuras en relación con el episodio bursátil que originó la crisis: ¿Se favoreció a unos accionistas en detrimento de otros?, ¿se utilizó información privilegiada?, ¿se ha pasado al fiscal algún documento presuntamente delictivo?, ¿por qué se han conocido ahora y no antes todas estas anomalías? De la mayor parte de ellas tendrá que dar cuenta la CNMV.

Hoy más que nunca, la transparencia constituye una precondición para la normalización de la actividad financiera de nuestro país y, lo que es más importante, para la restauración del crédito merecidamente ganado por su principal institución, el Banco de España. Cierto es que tras su comparecencia ante la comisión de economía del Parlamento, la honorabilidad personal de Mariano Rubio no fue cuestionada por ningún grupo político. Por ello mismo, es importante que se ponga de manifiesto documentalmente la claridad de todas y cada una de las actuaciones del banco central para eliminar cualquier atisbo de duda.

Resulta discutible la propuesta de creación de una comisión de investigación parlamentaria, y por paradójico que parezca, también lo es su rechazo. Discutible porque se trata de un asunto ya tratado recientemente en el Congreso, sobre el que, por el momento, no hay datos sustantivamente nuevos -excepto la propia intervención- que modifiquen el debate ya realizado; de ahí la conveniencia de que la CNMV aclare cuanto antes su posición y la explique, de que actúen los interventores seleccionados por el Banco de España y de que intervengan los jueces si así lo estimaran. Pero tampoco se puede eludir la necesidad de que las instituciones implicadas en el asunto manifiesten -con hechos, pruebas, datos- su determinación para aclarar cuanto antes el enrevesado asunto.