La denigrante vida de los 12 ancianos de una 'residencia' llega hasta el fiscal
La Comunidad de Madrid ha enviado un informe al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jesús Silva, que revela las denigrantes condiciones que sufrieron 12 ancianos en una residencia ilegal de la tercera edad ubicada en el término municipal de Valdilecha (Madrid). Según este documento, los 12 ancianos durmieron durante meses en cuatro dormitorios carentes de unas mínimas condiciones de higiene y habitabilidad, instalados en una lúgubre nave de la residencia, que era cerrada todos los días -entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana siguiente- con un candado y una cad...
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La Comunidad de Madrid ha enviado un informe al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jesús Silva, que revela las denigrantes condiciones que sufrieron 12 ancianos en una residencia ilegal de la tercera edad ubicada en el término municipal de Valdilecha (Madrid). Según este documento, los 12 ancianos durmieron durante meses en cuatro dormitorios carentes de unas mínimas condiciones de higiene y habitabilidad, instalados en una lúgubre nave de la residencia, que era cerrada todos los días -entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana siguiente- con un candado y una cadena. Aúnpermanecen allí nueve viejos.
"La nave, asimismo, carecía de un timbre que pudieran utilizar los residentes para dar la alarma en caso de que alguno cayese enfermo, y en ella había tres o cuatro ventanas con rejas", agregan fuentes de la investigación.El fiscal jefe Silva estudia en la actualidad presentar una denuncia por los delitos de abandono y detención ilegal contra María Luisa Andrés de la Sierra, actual propietaria del complejo, denominado Santa Virginia y Virgen de la Oliva. Además de ese documento, el juez Silva dispone de fotografías que ilustran las pésimas condiciones del inmueble en el que estaban los 12 ancianos.
Cuatro dormitorios para 12
Este complejo dé la tercera edad se compone de un confortable chalé, situado en las afueras del municipio, que colinda con va rias naves antiguas.
Una de las naves, de unos 90 metros cuadrados aproximadamente, fue habihitada con cuatro dormitorios para 12 del total de 24 ancianos que tenía la residencia antes de la inspección. Los ancianos que menos pagaban al mes -entre 40.000 y 60.000 pesetas- eran alojados en los dormitorios de la nave, y los de mayor poder adquisitivo -entre 60.000 y 70.000-, en los del chalé, según reconoció ayer Braulio Martínez, cocinero y cónyuge de María Luisa Andrés, la única persona que atendía directamente a los ancianos.
La Comunidad de Madrid, tras efectuar su primera inspección y observar las múltiples carencias de la nave -falta de calefacción y hacinamiento-, ordenó su clausura el 17 de julio de 1991 e impuso a los responsables una sanción de 500.000 pesetas por haber cometido "una falta grave". En uno de los cuatro dormitorios de la nave llegó a haber hasta tres camas ocupadas, según el informe.
Sin licencia municipal
En su visita a la residencia, los inspectores comprobaron asimismo que el barracón clausurado era ilegal por carecer de licencia municipal. Su actual propietaria, María Luisa Andrés -que pagó hace cuatro años siete millones y medio por el traspaso del inmueble-, solicitó el permiso de apertura al Ayuntamiento de Valdilecha (localidad de 1.538 habitantes situada a 13 kilómetros de Arganda del Rey, al sureste de Madrid) el 17 de mayo de 1991, un día después de la primera visita de los inspectores de la comunidad.
En la elaboración del informe, al que ha tenido acceso este periódico, también ha participado el Ayuntamiento de esa localidad.
Tras la primera inspección, la Comunidad autónoma de Madrid resolvió notificar a la fiscalía la situación del centro "para que, en su caso, depurara las responsabilidades oportunas", y paralelamente ordenó a su propietarla que, con carácter de urgencia, redujese las plazas a un máximo de 10. En la actualidad quedan nueve ancianos. Hace unos 15 días falleció uno de ellos.
Plazas excesivas
El pasado 5 de diciembre, los inspectores requirieron a la residencia a que hiciese una nueva reducción de plazas -de 10 a cinco- "so pena de que contrate a una asistenta". "O mete a un ayudante o tiene que reducir las plazas; una mujer sola no puede atender correctamente a tantos ancianos", razonan esas fuentes "a no ser que se trate de una superwoman".
Braulio Martínez, cónyuge de la propietaria y cocinero en la residencia, negó ayer que los ancianos hayan recibido una atención deficiente. "Todo lo que se está diciendo por ahí es mentira", aseveró. Su esposa rehusó comentar el informe enviado al fiscal por la Comunidad de Madrid.
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