Anguita afirma que el PSOE es responsable de la corrupción "por acción u omisión"
El secretario general del PCE y miembro de la presidencia de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmó ayer que "el PSOE es el principal responsable, por acción u omision, del fenómeno de la corrupción política, y no tiene credibilidad suficiente para afirmar que la irnagen negativa que tiene cada vez más la sociedad sobre la acción política corresponde a la estrategia de otros partidos". Así lo expresó Anguita en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI con el título de La nueva izquierda.
"El uso y abuso por las fuerzas políticas en las instituciones de toda una cohorte de...
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El secretario general del PCE y miembro de la presidencia de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmó ayer que "el PSOE es el principal responsable, por acción u omision, del fenómeno de la corrupción política, y no tiene credibilidad suficiente para afirmar que la irnagen negativa que tiene cada vez más la sociedad sobre la acción política corresponde a la estrategia de otros partidos". Así lo expresó Anguita en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI con el título de La nueva izquierda.
"El uso y abuso por las fuerzas políticas en las instituciones de toda una cohorte de asesores, cargos de confianza, directores de gabinete, etcétera, que van creando casi un sistema de dirección doble y paralelo a sus equivalentes funcionariales crea toda una serie de vinculaciones, salarios, expectativas y prácticas que también tiene algo que ver con el mundo de la corrupción", dijo. Julio Anguita añadió que la corrupción "política" se enmarca en un modelo de sociedad, "potenciado por la filosofía económica del Gobierno, basado en el todo vale y en el enriquecimiento fácil y especulativo".
El dirigente de IU propuso las siguientes medidas: reforma del Reglamento del Congreso para facilitar la creación de comisiones de investigación; dotación de mayores recursos al poder judicial y creación de una policía judicial; revisión de la ley de contratos del Estado y de las adjudicaciones directas; creación de unidades especializadas en delitos económicos y fiscales; endurecimiento de las medidas contra el dinero negro, y la independencia del Tribunal de Cuentas y otros órganos de fiscalización.