Juan Guerra se negó a responder a 150 preguntas del juez
El juez Ángel Márquez imputó ayer un nuevo delito de defraudación a la Hacienda Pública a Juan Guerra durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la que, pese a negarse a declarar, le fueron formuladas durante dos horas más de 150 preguntas. Márquez informó a Juan Guerra que se han detectado en 1990 movimientos bancarios que revelan ingresos superiores a los declarados a Hacienda, entre ellos una partida de 34 millones ingresada en una cuenta de La Caixa.Márquez repasó la decena de casos que se instruyen en las diligencias 1.527/90 con un número de preguntas n...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez Ángel Márquez imputó ayer un nuevo delito de defraudación a la Hacienda Pública a Juan Guerra durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la que, pese a negarse a declarar, le fueron formuladas durante dos horas más de 150 preguntas. Márquez informó a Juan Guerra que se han detectado en 1990 movimientos bancarios que revelan ingresos superiores a los declarados a Hacienda, entre ellos una partida de 34 millones ingresada en una cuenta de La Caixa.Márquez repasó la decena de casos que se instruyen en las diligencias 1.527/90 con un número de preguntas nunca inferior a la docena por cada tema. Sólo el asunto de Construcción Modular Andaluza, SA -la empresa que consiguió una cesión de terrenos de la empresa mixta municipal Mercasevilla y dos importantes subvenciones del Estado, para realizar posteriormente una venta millonaria de esos derechos- mereció 15 interpelaciones del magistrado. Los cuarteles del Docks y Maestranza de Madrid, los delitos fiscales, L'Alfaz de Pi, la explotación de máquinas recreativas, Bahía Real, Polígono Fridex y la finca La Espaldilla, y las actuaciones relativas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) completaron los temas sobre los que versaron las interrogantes.
Por otro lado, José Cano Barrero, el magistrado del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que instruye las diligencias por el uso presuntamente irregular que hizo Juan Guerra del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía, transfirió ayer la responsabilidad a la sala de lo Civil y lo Penal para que archive o no las actuaciones, informa Alejandro V. García.